Francia cierra sus puertas

El gobierno de Macron sigue dando los golpes necesarios para unirse al espíritu retrogrado de la Unión Europea. Francia era el patito feo de la comunidad europea por su disposición libertaria e igualitaria. Macron se ha encargado, sin mucho bullicio, pero con eficacia, de ir destruyendo viejas conquistas sociales. Francia ha sido para América latina un referente en muchos sentidos y seguirá siendo un paradigma en su sistema de educación, en su capacidad de institucionalización de la vida científica y, en particular, por la muy rica tradición de sus ciencias humanas y sociales.

Sin embargo, con el presidente Macron, Francia ha empezado a cerrar sus puertas. Las inscripciones de pregrado en las universidades francesas eran de las más baratas de Europa y del mundo; una licencia, equivalente a un pregrado nuestro, tenía un costo de inscripción anual de 170 euros y un master, equivalente a una maestría nuestra, 243 euros por año. A partir del próximo verano esos costos se dispararán; una licencia será de 2770 euros y un master de 3770 euros. Si convertimos esas cifras en pesos colombianos podremos decir que aún sigue siendo mucho más barato de lo que cuesta, en cualquier universidad pública colombiana, la matrícula semestral en una maestría o en un doctorado. Pero, sin duda, ese aumento vuelve mucho menos atractivo para los jóvenes colombianos intentar estudiar en Francia.

Nuestro sistema de formación en posgrados es tan malo, tan ruinoso para un joven de bajos recursos que, muy posiblemente, si no hay cambios rotundos en nuestro destartalado sistema educativo, la juventud colombiana seguirá volviéndose esa “ola amarilla” que viaja por México, Argentina, Brasil y que se atreve a buscar algunas oportunidades, cada vez más reducidas, en Europa. Francia había sido, hasta hoy, uno de esos lugares posibles para obtener una formación de alto nivel.

Francia solía ofrecerles a los estudiantes extranjeros el acceso a subsidios para el pago de arriendo, cupos en residencias universitarias, acceso al sistema de salud; además de la disposición muy generosa de los servicios de documentación. Ojalá eso no sea incluido en el cierre de puertas que ha ido implementando el presidente Macron, un presidente que parece más empecinado y eficaz que cualquier personaje de la ultra-derecha francesa. El aumento en los pagos de inscripción es una patada a las aspiraciones del estudiantado latinoamericano y una afrenta a las muy bien intencionadas políticas de intercambio que hemos tratado de consolidar en las universidades de este lado del Atlántico.

Tomemos este fiasco francés como acicate para pensar, ojalá por fin, en una necesaria reforma del sistema de posgrados en Colombia. Estos golpes pueden ayudarnos a estimar mejor lo poco y bien que hemos hecho con tanta dificultad en esta Colombia mezquina. Con Francia hay que ser agradecidos porque a muchos intelectuales colombianos les dio aquello que nunca hubiésemos tenido en Colombia. Pero hay que constatarlo: la decisión del gobierno de Macron es una pérdida lamentable y vuelve muy complicado que aquí, en Colombia, promovamos vínculos académicos con ciudadanos, colegas e instituciones de ese país.

Pintado en la Pared No. 185

El Estado y las universidades regionales

El sistema estatal universitario colombiano está sostenido, en muy buena medida, en una variopinta presencia de universidades regionales nacidas por convicciones de élites locales. Unas remontan sus orígenes a los inicios del siglo XIX, como sucede con la Universidad del Cauca cuya historia parece comenzar con la creación de la cátedra de medicina, en 1826; o como sucede con la Universidad de Antioquia que prefiere situar su origen en 1803, fecha anterior al nacimiento de la vida republicana. De todos modos, varias de esas instituciones están atadas a viejas tradiciones y filiaciones políticas y religiosas. Todas ellas han reproducido las asimetrías de la formación nacional, las carencias y los excesos de unas regiones con respecto a otras, las potencialidades de unos grupos empresariales sobre otros.

Unas tuvieron pretensiones universalistas en la creación de diversos programas académicos; otras surgieron para cumplir funciones muy limitadas; por ejemplo, la Universidad del Quindío nació en la década de 1960 con una evidente vocación pedagógica, concentrada en la formación de licenciados para la educación media de ese departamento, principalmente; la Universidad Tecnológica de Pereira nació y funcionó por lo menos en sus tres primeras décadas como un instituto politécnico. Un poco antes, entre 1949 y 1950, la Universidad de Caldas intentó armonizar el auge de la economía cafetera con la creación de Facultades de Agronomía y Veterinaria.

Ese entusiasmo fundacional de universidades adscritas al Ministerio de Educación Nacional correspondía con el propósito de ampliar la cobertura universitaria en aquellos lugares donde no alcanzaba la expansión de la Universidad Nacional. También correspondía, en el caso antioqueño, con el ánimo de contrarrestar el modelo laicizante del liberalismo y acentuar el sello hispanófilo y católico del empresariado de esa región.

Hoy, ese entusiasmo ha decaído y las élites locales han diferido sus intereses al fundar instituciones universitarias que hacen competencia a las viejas universidades de sello estatal. Por ejemplo, en el caso de la Universidad del Valle, el empresariado regional prefirió preparar un nuevo nicho de formación y reclutamiento de intelectuales y funcionariado con la fundación del Icesi. Proyectos de programas académicos que habían sido pensados originalmente para despegar en la Universidad del Valle fueron trasladados al Icesi, como sucedió con la frustrada creación de la Facultad de Derecho. Hoy, las ciencias humanas y sociales del Icesi son subsidiarias de la tradición creada en la Universidad del Valle. Este fenómeno se asemeja a lo sucedido con la Universidad Eafit en Medellín, como contraparte de la Universidad de Antioquia y de las sedes de la Universidad Nacional.

Un síntoma del alejamiento de las élites locales de las mismas universidades estatales regionales que contribuyeron, alguna vez, a fundar es que el legado documental dio origen a archivos históricos que prefieren ser conservados en las instalaciones de esas universidades privadas recientes. Ese desapego, in crescendo, se ha ido notando en el control del proceso de formación de los médicos, en la decadencia de los hospitales universitarios regionales, en la composición de los gabinetes de los gobiernos en alcaldías y gobernaciones.

A eso se agrega la condición subordinada de ese intelectual formado en las universidades regionales; ante la restringida proyección de esas universidades, limitada a las fronteras de la comarca, el prestigio y reconocimiento de esos intelectuales están ceñidos a las posibilidades de ascenso y consolidación de la política menuda local. Su proyección nacional sólo puede darse, en algunas áreas de conocimiento, según la capacidad de conexión con redes nacionales y transnacionales de comunidades científicas. En términos generales, las universidades estatales en las regiones han comenzado a llevar una vida marginal y necesitan recomponer sus relaciones, sus prioridades, sus vocaciones y, por supuesto, sus fuentes de financiación.  

Pintado en la Pared No. 184. 

Las universidades y el Estado, el Estado y las universidades

¿Podemos pensar, hoy en día, en un Estado que tenga el control absoluto de la educación de los habitantes del territorio colombiano? Imposible. Hay un acumulado histórico de un sistema mixto, competitivo, conflictivo en que las iniciativas privadas han ido minando la capacidad hegemónica de un Estado colombiano que, además, nunca ha tenido la vocación de ejercer algún nivel de control expansivo de la educación. Nuestro Estado ha sido tolerante, permisivo y, mejor decirlo, débil en la formulación y aplicación de proyectos educativos, por lo menos desde los tiempos del fiscal Antonio Moreno y Escandón, por allá en la segunda mitad del siglo XVIII. Desde antes, algunas comunidades religiosas habían consolidado una tradición de dominio de la institucionalidad educativa, desde entonces el Estado ha tenido que forjar una muy débil institucionalidad laica, poco competitiva ante el predominio simbólico y económico de la institucionalidad católica con sus proyectos educativos.

En el siglo XIX hubo una gran apuesta del liberalismo (el de los radicales), por relativizar el peso cultural de la Iglesia católica; el nacimiento de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia fue la gran concreción, aún vigente, de un proyecto de educación laica en nombre de un Estado con pretensión de lograr una cobertura nacional con escuelas de primeras letras, escuelas normales y la universidad que iba a estar en la cumbre de la pirámide educativa. Era la Universidad Nacional la que garantizaba la calidad de todo el sistema educativo estatal. Pero la segunda mitad del siglo XX conoció una ofensiva contra la universidad nacional como bastión de la formación de una élite para el Estado en las coordenadas de la neutralidad religiosa y de la meritocracia. El empresariado se alineó, con la Iglesia católica, en la expansión de universidades privadas; la desconfianza y el miedo se apoderó de la clase política colombiana porque creyó que la Universidad Nacional solo reclutaba y adiestraba un variopinto izquierdismo que iba a engrosar la militancia guerrillera. Con ayuda de la fórmula excluyente del Frente Nacional, la principal universidad del Estado comenzó a quedar al margen en la formación de la clase política y, por tanto, fue disminuyendo su injerencia en las políticas y acciones de gobierno. Las universidades privadas bogotanas comenzaron a ser las proveedoras de cuadros ministeriales y presidenciales.

La Universidad Nacional y las universidades de origen estatal nacidas en las regiones quedaron cumpliendo un papel subordinado, con alcance burocrático local y sometidas a los forcejeos de los cacicazgos políticos de las comarcas. En cambio, las universidades privadas se afianzaron en la construcción del proyecto económico neoliberal y en el control de la burocracia central y centralista del Estado. Recuerdo una reciente visita al Universidad del Rosario –hoy con exrector que se trasladó a uno de los ministerios del presidente Duque- en que un profesor informaba, casi como una aventura, que las salidas de campo de su curso consistían en llevar a sus estudiantes al Museo Nacional. Esa es, sin caricatura, la idea de país que alcanzan a tener los colegas universitarios bogotanos. Hasta el Museo Nacional les queda lejos, imaginemos cómo ven lo que está más allá de la cumbre capitalina.

Una de las necesarias e inmediatas discusiones y luchas tendrá que ver con el regreso de las universidades estatales, conocedoras de los mosaicos sociales y étnicos de nuestro complejo país, a las máximas instancias de gobierno. Las universidades públicas tienen que volver al control simbólico e intelectual del Estado y el Estado, a su vez, tiene que reconciliarse con las universidades que financia. Las universidades privadas pueden ayudar a las grandes misiones que lidere ese Estado, por supuesto; pero no pueden seguir teniendo el privilegio de proyectar sus intereses muy particulares y mezquinos como si fuesen los de la nación. Nunca ha sido así, nunca podrá ser así.

¿Estamos listos para una discusión de tal naturaleza? Quizás tengamos que comenzar por creer en nosotros mismos como empleados públicos, como intelectuales formados en los débiles cánones de un Estado vergonzante que mantiene, a regañadientes, unas universidades estatales que pueden generar visiones de país que riñen con los discursos y las acciones que han predominado en los gobiernos de por lo menos los últimos cincuenta años.

Pintado en la Pared No. 183