Las
universidades de provincia
El acumulado de escándalos
ha ido demostrando que, en Colombia, el sistema universitario es una cosa muy
vulnerable, fácil de ser permeado por los intereses privados, los afanes de
lucro, mafias locales. El sistema universitario colombiano retrata la
precariedad del Estado; universidades que funcionan sin cumplir las mínimas
condiciones de calidad; universidades que pagan muy mal al personal docente;
universidades sin tradición y sin horizonte investigativos; universidades sin
sedes dignas. Y a eso se añade la arbitrariedad de los poderes locales en que,
incluso, participan grupos armados de
muy variada procedencia.
Una primera mentira
que rodea al sistema universitario en Colombia es que es público; por lo menos
aquellas universidades que tienen al lado el adjetivo de públicas, están controladas por grupos de poder que reparten la
torta burocrática en cuotas. Unas universidades están dominadas por ciertos
partidos políticos o por organizaciones religiosas; en otras interfieren esa
mezcla cada vez más ostensible de delincuencia del narcotráfico, dirigencia
política local y un testaferrato seudo-académico (profesores con vínculos externos
cuestionables y peligrosos).
Otra mentira, consecuencia de lo anterior, es aquella según
la cual hay autonomía universitaria. En las universidades “públicas”
colombianas suele funcionar un calendario electoral que muchas veces sincroniza
con las elecciones generales en el país. En el mismo año que se elige un
gobernador, también es el año de
elección de rector y muy cerca vienen otras jornadas electorales para cargos de
mediana importancia en las universidades. A eso se añade que la elección de
gobernadores en los departamentos de Colombia tiene implicaciones en las
decisiones que luego tomará el consejo superior de cada universidad; no puede
haber autonomía universitaria mientras los resultados electorales, en nuestras
regiones, inciden en la vida universitaria.
Las mismas universidades
tienen un agitado ritmo electoral propio para elegir o al menos postular desde
las más básicas hasta las más altas dignidades. Ese ejercicio de la democracia
representativa en las universidades es un agregado compulsivo al trajín
universitario; profesores que piensan más en un voto o en un cargo que en
investigar o escribir o, al menos, preparar bien una clase. A eso se añade que
la ambición electoral suele desplazar los atributos del mérito acumulado y pone
a funcionar otras destrezas poco académicas, pero eficaces. Las buenas
relaciones del candidato con las élites locales, incluso los tradicionales lazos de parentesco, amistad o vecindad; la capacidad para conseguir
aliados electorales mediante acuerdos clientelistas; compra y venta de favores.
Las universidades se vuelven micro-cosmos del debate electoral, con pequeños
profesionales de la política lugareña que han tergiversado los propósitos
originales del lugar institucional en que existen.
En provincia, la vida
electorera de las universidades es
más acentuada; las arbitrariedades de los poderes locales se revuelcan con
insistencia para no dejar escapar contratos, cargos, prebendas, honores. El
post-acuerdo de paz en Colombia deberá aprovecharse para tratar de enmendar la
condición de esas universidades de provincia cuya misión y cuyas funciones han
sido alteradas por esos micro-poderes. Ellas también deberán entrar en un
proceso de transición de su organización interna, en una redefinición de sus
prioridades y de sus métodos de trabajo.
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