Hoja suelta de opinión del profesor Gilberto Loaiza Cano. Licenciado en Filología, Master en Historia y Doctor en Sociología. Profesor titular del Departamento de Filosofía, Universidad del Valle. Premio Ciencias Sociales y Humanas, Fundación Alejandro Ángel Escobar, 2012. Línea de investigación: Historia intelectual de Colombia.

jueves, 20 de julio de 2023

Pintado en la Pared No. 294

                                         Una izquierda errática

 

Se acerca el primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia; un gobierno que generó expectativas, ilusiones y aprensiones por ser el primer triunfo de un dirigente de izquierda en ese país. Es cierto que ha tenido al frente una oposición feroz, pero también es cierto que su gestión ha sido errática y adobada por escándalos que circundan al palacio presidencial y a la familia del presidente. Rodeado por la difusa o confusa izquierda colombiana, Petro inicio su gobierno con una coalición porque, como él mismo lo advirtió, no podía gobernar solo. Su primer gabinete ministerial parecía ser el resultado de una repartición bien meditada, con varios ministros de lujo que podían garantizarle el feliz tránsito de sus proyectos de reforma en el Congreso. Pero, ante las primeras disonancias de algunos de sus ministros, pulverizó tempranamente esa coalición y sus proyectos de reforma quedaron al garete. Ese ha sido quizás su primer y gran error político; la soberbia o la ira del momento lo empujó a quedarse con aquellos ministros que le fuesen fieles peones y las alianzas iniciales se convirtieron fácilmente en oposición política con la resurrección incluida de dirigentes que parecían en retirada.

La apuesta por la fidelidad a ultranza duró también muy poco. Su ministra de salud era portadora de la reforma que era uno de los estandartes de su gobierno; pero la ministra no supo ni tramitar ni transmitir las supuestas bondades de un proyecto que pretendía acabar con el andamiaje neoliberal de la atención médica en Colombia. Ella también fue retirada de su cartera y hoy ese proyecto es un adefesio que, de aprobarse, va a exprimir el presupuesto del Estado para dejar satisfechos los muy diversos intereses que rodean al servicio de salud. Hace pocos días, su pedante ministra de Minas tuvo que renunciar acusada de utilizar su cargo para favorecer asuntos familiares. En resumen, en menos de un año el presidente Petro ha cambiado a 11 de sus 18 ministros, lo cual es un indicio claro de inestabilidad. 

Es cierto que Colombia es un país difícil, agudamente conservador con una sociedad acostumbrada al mal vivir; de modo que cualquier intento de cambio que entrañe el fortalecimiento del Estado y el desafío a un individualismo hirsuto estará agobiado por las dificultades. Aun así, el plan de reformas del gobierno de Petro ha sido entre errático e inconsecuente. Sus ministros tardaron en presentar los proyectos de reforma en salud, en pensiones y en lo laboral. Y luego de presentarlos fueron notables algunos desaciertos o vacíos en su concepción; se supone que, por ejemplo, la izquierda colombiana lleva por lo menos 30 años pensando formulas alternativas al pésimo sistema de salud colombiano, pero lo que la ministra Corcho presentó al Congreso no contenía la madurez de esa larga reflexión. En su proyecto no hubo claridad acerca de cómo aplicar la reforma, en cómo debía hacerse la transición, en cómo iba a garantizar el Estado la existencia de un sistema de salud en los sitios más apartados y conflictivos del territorio e, incluso, olvidaba temas tan vitales como la investigación y el cuidado de enfermedades huérfanas.

Mientras tanto, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, una reconocida dirigente sindical, presentó un proyecto de reforma pensional completamente lesivo para la clase media y en especial funesto para los empleados públicos y profesores universitarios. Curioso que los profesores de la Universidad Nacional hayan tenido que escribir una carta abierta advirtiéndole a una ministra, veterana dirigente comunista y docente, que su propuesta de reforma pensional era inequitativa, disminuía la mesada pensional de los profesores universitarios y beneficiaba a los fondos privados. Los profesores de esa universidad criticaban el cambio abrupto de las reglas de juego para aquellos que estaban cerca de las 1000 semanas de cotización, les obligaba a aportar más y a recibir menos al momento de su jubilación, además hacía desparecer la edad de retiro forzoso. Un gobierno que ha agitado la bandera de la equidad presentó un proyecto que mimaba los regímenes especiales y de excepción (eso incluye a presidentes de la república, congresistas, militares, etc.). En definitiva, la reforma pensional en su origen era por lo menos inconsecuente con un gobierno que se reclama de izquierda.

Los ministerios de Ciencia y Tecnología, de Cultura y de Educación son un verdadero misterio. ¿El gobierno de Petro tiene un plan de reformas para estos sectores? Va a cumplirse un año sin que se modifiquen los criterios de medición de las publicaciones académicas, sin novedad alguna en la promoción y en la financiación de la investigación en ciencias (y mucho menos en las ciencias humanas). Desde febrero no ha sido designado un ministro o una ministra de Cultura, a la acefalía de ese ministerio se suma la renuncia del viceministro que, al parecer, falsificó su hoja de vida. En el Ministerio de Educación apenas asoma un proyecto de reforma de la ley de financiamiento de la educación superior; pero nada dice aún acerca de cambios en los procesos de elección o designación de rectores de las universidades públicas ni en las implicaciones que puede tener la aplicación de la teoría del decrecimiento en la valoración del conocimiento científico y en el vínculo de las universidades con la sociedad y los sectores productivos. El sistema nacional de acreditación es un enredijo sin resolver y muchos programas académicos están hoy en el limbo.

La apuesta por una paz total ha sido más un anuncio de buenas intenciones que logros palpables que indiquen una mejoría ostensible de la situación para aquellas poblaciones sometidas al designio de los diversos agentes armados. Mucho de improvisación y voluntarismo ha primado en el equipo de gobierno en este primer año de tentativas de negociación con las disidencias de las FARC y con el ELN.

El primer año del presidente Petro es insatisfactorio para amigos, aliados y enemigos acérrimos. Quienes creían con ilusión que había llegado el momento del cambio, se han equivocado; quienes temían un gobierno arbitrario que nos arrastrase a una nueva versión del castro-chavismo, también se equivocaron. Ambas expectativas, tan opuestas, coinciden en el desconocimiento de la índole de un país en que los poderes son tan arraigados y dispersos. Por lo pronto, hemos tenido un primer año de un gobierno de izquierda errático e inconsecuente.

sábado, 15 de julio de 2023

Pintado en la Pared No. 293

 

El derrumbe francés

 

La era del presidente Emmanuel Macron, en Francia, parece inclinarse al declive de los valores republicanos que eran el pilar de la convivencia política en el país de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Macron asumió la presidencia como el más joven gobernante, con apenas 39 años de edad. Su juventud sirvió de imagen refrescante, pero pronto sus propuestas de primer quinquenio marcaron un derrotero contrario a los logros sociales que los franceses habían obtenido en los decenios precedentes.

Macron ha ido desmontando lo que había de un Estado de bienestar en función de imponer las consignas del capitalismo global. Durante su primer quinquenio mostró sus intenciones de debilitar el sistema de transporte ferroviario y modificó regresivamente el código laboral. Se hizo acompañar por primeros ministros de derecha que contribuyeron a exacerbar desigualdades económicas y sociales. En lo poco que lleva de su segundo mandato, el presidente francés impuso una reforma pensional que solo beneficia a la banca mundial; aumentó la edad de jubilación y el número de años para conseguir "la retraite". Y peor aún, pasó por encima de la Asamblea Nacional, eludió su voto porque temìa que su impopular reforma no la aprobaran los senadores.

Lejos de mitigar las fracturas sociales y los conflictos urbanos, durante sus mandatos el gobierno Macron ha conocido un aumento creciente de las tensiones sociales. Las masivas protestas de fines de junio y comienzos de julio han mostrado que las diferencias entre ricos y pobres, privilegiados y abandonados, franceses de pura cepa e inmigrantes se han profundizado. Quienes votaron el año anterior por Macron para frenar a la ultraderechista Marine Le Pen, ahora hallan que entre el joven presidente y la ultraderecha no hay distancia y en la práctica conviven en el gobierno francés.

En las vísperas de los juegos olímpicos, París y otras ciudades se ven ensombrecidas por el estallido social, por un transporte publico deficiente y costoso, por problemas básicos de higiene en las calles, por edificaciones vetustas que colapsan debido a omisiones graves en su mantenimiento. Y a eso se agrega una fuerza policial mal preparada, reproductora de prejuicios raciales. Ciudades escindidas entre privilegiados que viven muy bien y aquellos sin acceso al empleo, al transporte, a la salud, a la educación.

Con Macron, la aporofobia de los dirigentes políticos de la ultra-derecha ha tomado fuerza. Hacen creer que el Estado francés está despilfarrando millones de euros en subsidiar a grupos sociales que, según ellos, ni siquiera deberían vivir en Francia. Otros, al contrario, constatan una acumulada política del abandono estatal de la Francia periférica, de la Francia mestiza. Según los expertos, un cuarto de la población joven (entre 16 y 25 años) de esa Francia abandonada no tiene empleo ni está escolarizado; es decir, no tiene acceso a la educación universitaria.

Por esas razones es que Paris y buena parte del territorio francés han ardido en llamas en este verano de 2023. En Francia no arde la llama de los próximos juegos olímpicos, arden las llamas de un descontento social que no podrá ocultarlo el autoritario gobierno del joven presidente Macron. La repùblica francesa se derrumba.

martes, 4 de julio de 2023

Pintado en la Pared No. 292

 

La reforma de la educación superior

 

Cuando nos acercamos al primer año de gobierno de Gustavo Petro, sus propósitos de profundas reformas en varios ámbitos parecen diluirse a causa de comportamientos erráticos del gobernante, a la impreparación intelectual de miembros de su gabinete, a la ferocidad de sus opositores y a decisiones que han minado la inicial confianza que pudo tener entre sus electores. Por eso, cuando el gobierno de Petro habla de alguna reforma fundamental, lo mejor es alarmarse y estar a la expectativa porque no sabemos si sus reformas terminen siendo unas leyes retorcidas y adversas para aquellos que, en apariencia, pretendía mejorar su situación. La anunciada reforma a la ley de educación superior (Ley 30 de 1992) nos pone precisamente en vigilancia.

La nueva ley tiene que resolver el problema de la financiación de las universidades públicas. Una financiación que permita, en corto y mediano plazo, superar el atraso de la infraestructura de casi todos los campus universitarios colombianos. Nuestras universidades públicas, hoy en día, no pueden competir en igualdad de condiciones con las universidades privadas; su capacidad de cobertura, sus capacidades de investigación, de difusión y de extensión son mucho menores que las de sus competidoras privadas porque no poseen los recursos que garanticen la dotación o construcción de laboratorios, de bibliotecas, de aulas y auditorios; porque sus centros editoriales son limitados, porque sus emisoras, canales de televisión y periódicos son precarios y, en muchos lugares, inexistentes. En definitiva, la financiación de las universidades públicas debería producir estabilidad en el funcionamiento de sus misiones primordiales; pero, sobre todo, debería servir de premisa para el ejercicio de la autonomía universitaria. La nueva ley sobre financiación de la educación superior tiene que resolver el monto, el origen y el mecanismo del presupuesto destinado a las universidades públicas.

Al lado de eso, esa misma reforma tiene que afrontar otros temas cruciales. Uno de ellos es la institucionalidad que debe plasmar los compromisos del Estado, los compromisos de las universidades y, sobre todo, el respeto de la autonomía universitaria. Los consejos superiores de las universidades públicas no pueden seguir bajo el control del gobierno nacional y de los gobiernos locales mediante la presencia, en esos organismos, de delegados de la presidencia, de las gobernaciones y alcaldías. El máximo organismo del gobierno universitario debe estar compuesto, primordialmente, de miembros de la comunidad universitaria. En estrecha relación con esto, la elección de rectores tiene que ser el resultado de un genuino proceso electivo interno de cada universidad; los rectores no pueden seguir siendo funcionarios impuestos por el poder ejecutivo, no pueden ser piezas del engranaje de la politiquería lugareña.

Ahora bien, el Sistema Nacional de Acreditación necesita ser revisado. La vigilancia de la calidad de la educación superior colombiana necesita un personal que propenda, primordialmente, por mejores condiciones para las universidades públicas. La asimetría entre las universidades privadas y las públicas ha vuelto desigual el proceso de control de la calidad de la educación; consejeros y pares evaluadores que tienen como canon de medición y evaluación los logros de las universidades privadas han venido despreciando las trayectorias, logros y expectativas de lo público. Ese mismo sistema ha hecho posible la aprobación de programas de pregrado y posgrado en instituciones que no cumplen los más elementales requisitos y, en cambio, aquellas universidades con tradición académica, con docentes altamente preparados son sometidas a obstáculos en sus procesos de registro, acreditación o postulación de nuevos programas.

Finalmente, la nueva ley u otras derivadas de la reforma de la educación superior tienen que garantizar una carrera docente basada en méritos obtenidos, en salarios de ingreso atractivos, en ampliación de la planta profesoral, en estímulos para lograr la dedicación exclusiva a la investigación en alguna etapa de la trayectoria docente.

En fin, hay muchas cosas por cambiar en la educación universitaria colombiana. ¿Podrá ser en este gobierno?

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