La reforma de la educación superior
Cuando nos acercamos al primer año de gobierno de Gustavo Petro, sus propósitos de profundas reformas en varios ámbitos parecen diluirse a causa de comportamientos erráticos del gobernante, a la impreparación intelectual de miembros de su gabinete, a la ferocidad de sus opositores y a decisiones que han minado la inicial confianza que pudo tener entre sus electores. Por eso, cuando el gobierno de Petro habla de alguna reforma fundamental, lo mejor es alarmarse y estar a la expectativa porque no sabemos si sus reformas terminen siendo unas leyes retorcidas y adversas para aquellos que, en apariencia, pretendía mejorar su situación. La anunciada reforma a la ley de educación superior (Ley 30 de 1992) nos pone precisamente en vigilancia.
La nueva ley tiene que resolver el problema de la financiación de las universidades públicas. Una financiación que permita, en corto y mediano plazo, superar el atraso de la infraestructura de casi todos los campus universitarios colombianos. Nuestras universidades públicas, hoy en día, no pueden competir en igualdad de condiciones con las universidades privadas; su capacidad de cobertura, sus capacidades de investigación, de difusión y de extensión son mucho menores que las de sus competidoras privadas porque no poseen los recursos que garanticen la dotación o construcción de laboratorios, de bibliotecas, de aulas y auditorios; porque sus centros editoriales son limitados, porque sus emisoras, canales de televisión y periódicos son precarios y, en muchos lugares, inexistentes. En definitiva, la financiación de las universidades públicas debería producir estabilidad en el funcionamiento de sus misiones primordiales; pero, sobre todo, debería servir de premisa para el ejercicio de la autonomía universitaria. La nueva ley sobre financiación de la educación superior tiene que resolver el monto, el origen y el mecanismo del presupuesto destinado a las universidades públicas.
Al lado de eso, esa misma reforma tiene que afrontar otros temas cruciales. Uno de ellos es la institucionalidad que debe plasmar los compromisos del Estado, los compromisos de las universidades y, sobre todo, el respeto de la autonomía universitaria. Los consejos superiores de las universidades públicas no pueden seguir bajo el control del gobierno nacional y de los gobiernos locales mediante la presencia, en esos organismos, de delegados de la presidencia, de las gobernaciones y alcaldías. El máximo organismo del gobierno universitario debe estar compuesto, primordialmente, de miembros de la comunidad universitaria. En estrecha relación con esto, la elección de rectores tiene que ser el resultado de un genuino proceso electivo interno de cada universidad; los rectores no pueden seguir siendo funcionarios impuestos por el poder ejecutivo, no pueden ser piezas del engranaje de la politiquería lugareña.
Ahora bien, el Sistema Nacional de Acreditación necesita ser revisado. La vigilancia de la calidad de la educación superior colombiana necesita un personal que propenda, primordialmente, por mejores condiciones para las universidades públicas. La asimetría entre las universidades privadas y las públicas ha vuelto desigual el proceso de control de la calidad de la educación; consejeros y pares evaluadores que tienen como canon de medición y evaluación los logros de las universidades privadas han venido despreciando las trayectorias, logros y expectativas de lo público. Ese mismo sistema ha hecho posible la aprobación de programas de pregrado y posgrado en instituciones que no cumplen los más elementales requisitos y, en cambio, aquellas universidades con tradición académica, con docentes altamente preparados son sometidas a obstáculos en sus procesos de registro, acreditación o postulación de nuevos programas.
Finalmente, la nueva ley u otras derivadas de la reforma de la educación superior tienen que garantizar una carrera docente basada en méritos obtenidos, en salarios de ingreso atractivos, en ampliación de la planta profesoral, en estímulos para lograr la dedicación exclusiva a la investigación en alguna etapa de la trayectoria docente.
En fin, hay muchas cosas por cambiar en la educación universitaria colombiana. ¿Podrá ser en este gobierno?
No hay comentarios:
Publicar un comentario