En
el Departamento de Historia de la Universidad del Valle un grupo mayoritario de
profesores hemos estado laborando en una situación sub júdice; una profesora
decidió presentar queja por acoso
laboral contra once
profesores y luego una denuncia penal por constreñimiento
ilegal contra tres de sus colegas. La discusión provocada por una decisión
de rectoría que era muy difícil de entender y aceptar expuso a la gran mayoría
del Claustro de Historia a esta situación tan complicada; el rector no
acogió el resultado de una votación de esa unidad académica para la dirección
de programas de pregrado (13 contra dos) y designó a la persona menos votada.
El disentimiento público que expresamos muchos profesores se volvió motivo
fundamental para las denuncias posteriores.
Que
los funcionarios públicos estemos expuestos a investigaciones disciplinarias de
nuestras conductas puede ser aceptable, pero convertir el ejercicio del disenso
en un posible delito es inadmisible. La judicialización sin fundamento, la
sevicia, convirtió en delincuentes a un grupo de colegas. ¿Cómo puede ser la
vida cotidiana universitaria si unos colegas creen que otros son delincuentes;
peor aún, que la mayoría de miembros de un Claustro –su Claustro- merece una
pena de cárcel? ¿Qué naturaleza de delitos cometemos diariamente en nuestras
actuaciones los profesores universitarios? Mejor aún: ¿cómo una discusión
interna, “un bochinche”, puede terminar en forma de expediente en manos de la
justicia penal? Sin duda, hay una degradación de los principios de discusión y
deliberación en nuestras universidades cuando casi toda una unidad académica
queda sometida al dictamen de una investigación penal.
Hoy,
al finalizar 2016, hemos conocido el fallo de la Oficina de Control
Disciplinario Interno Docente (OCDID) que ordena el archivo del proceso
disciplinario en contra del jefe del Departamento de Historia (el suscrito), en
quien se concentró la diligencia disciplinaria que involucraba a once
profesores más. Según el fallo, “los hechos atribuidos al profesor no
constituyen falta disciplinaria”. Entre las consideraciones a favor de la
terminación del proceso, el jefe de la OCDID destacó que la actuación del
suscrito y sus colegas estuvo dentro de lo que dicta el derecho a la libre
expresión; “la universidad es un campo o un espacio libre de cualquier presión
que trate de impedir la sana controversia de cualquier naturaleza”. Este fallo
es una lección que, ojalá, sirva para tratar futuros casos y es un precedente
en medio de lo que sucede con otros colegas en otras universidades que se
auto-proclaman libertarias y autónomas. La decisión de la OCDID enaltece a la
Universidad del Valle y marca un derrotero para resolver asuntos que no deberían
ir más allá de una reunión de cada Claustro; por eso el mismo documento hace
una recomendación central: “solucionar las controversias o desavenencias que
surjan” mediante mecanismos de conciliación propios de la institucionalidad
universitaria.
Resuelto
a favor el proceso disciplinario, queda pendiente el proceso penal, la
acusación por constreñimiento ilegal, términos muy fuertes para referirse a un
inevitable disenso interno ante una decisión administrativa cuestionable. Por
ahora, varios profesores de Historia seguimos siendo delincuentes para una
colega y deberemos demostrar que somos simples profesores universitarios que
opinamos libre y públicamente. Quizás, precisamente, una de las moralejas de
este caso es que las decisiones de un Claustro deben respetarse. Los Claustros
siguen siendo, a pesar de algunos, las unidades académicas fundamentales que
reúnen a comunidades disciplinares que son el sustento de la investigación, la
docencia y la extensión en cualquier universidad.
Luego
de haber sido sometidos a semejante situación, llegará el momento de un
necesario resarcimiento moral. Yo, en calidad de jefe del departamento de
Historia, agradezco la solidaridad de mis colegas de esta y otras
universidades. Exaltó la actitud ponderada que asumió la gran mayoría de
miembros del departamento de Historia; esa actitud madura también fue destacada
por el propio rector Varela (hemos tenido mucha paciencia). También pongo en
evidencia el silencio de otros que debieron decir algo siquiera compasivo y
nunca lo dijeron.
Gilberto Loaiza Cano, jefe del departamento de Historia-Universidad del Valle
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