¿Qué tiempos estamos viviendo en Colombia?
Políticamente hablando, ¿podemos sorprendernos por lo que ha venido sucediendo
desde el proceso de negociaciones entre el gobierno Santos y las Farc que
terminó en la firma de un acuerdo en noviembre de 2016? Vivimos un tiempo
insatisfactorio y desapacible, marcado por divisiones en la interpretación y en
la actuación en las circunstancias. Una guerrilla desmovilizada, pero
parcialmente; un acuerdo cumplido en unos aspectos e incumplido en otros;
víctimas en varios flancos del conflicto que claman por verdad, justicia,
reparación, no repetición. Un Estado que intenta garantizar lo pactado y que,
al tiempo, no es capaz de garantizar los compromisos; una dirigencia política
dividida entre quienes creen que debe avanzarse en el cumplimiento de lo
acordado y firmado, y aquellos otros que quieren enmendar, modificar o,
simplemente, “hacer trizas” el acuerdo. Intelectuales que creen que en Colombia
no hubo ni conflicto armado, ni guerra del Estado contra la sociedad, ni víctimas
y, mucho menos, victimarios; pero, aun así, dirigen, en nombre del Estado, las
instituciones dedicadas a reivindicar la memoria de las víctimas de ese
conflicto inexistente. Dirigentes guerrilleros arrepentidos de haber
participado en la negociación, otros que no han podido zafarse de las redes de
narcotráfico en que estuvieron inmersos en las últimas décadas. Mientras tanto,
un nuevo genocidio se columbra en las noticias diarias: el asesinato
sistemático de líderes sociales.
Muchos creíamos que la desmovilización de la guerrilla
de las Farc abría las puertas de la participación ciudadana a todos los niveles
y que iban a aparecer nuevos liderazgos locales; desahuciada la lucha armada,
pensábamos que iba a imponerse la persuasión basada en la argumentación, en el
diálogo, en las asociaciones basadas en la cooperación, la solidaridad, en el
reconocimiento de injusticias debían ser resueltas. Y muchos seres humanos en
Colombia han venido actuando con este optimismo, crédulos de un sistema
político que, por fin, parecía adoptar los códigos de la discusión afianzada
por el respeto al rival político, por el respeto a las ideas de otros. Pero no
está sucediendo así, el deseo de la participación en la vida pública, sin
recurrir a las armas, no coincide con lo que les viene sucediendo a los líderes
sociales colombianos. Las cifras de asesinatos revelan que hay una voluntad
organizada y muy eficiente dirigida a su eliminación física.
El conflicto armado cambia su piel; ahora hay un
lenguaje de partidos políticos y funcionarios gubernamentales que prepara el
ambiente para el asesinato de líderes sociales. El gobierno del presidente
Duque tiene que demostrar con acciones que está a favor de un Estado que
protege el pluralismo político, que incentiva el debate público, que considera
riqueza política la deliberación cotidiana y la lucha organizada para
reivindicar derechos. Por ahora se están imponiendo aquellos que consideran que
en Colombia no puede haber ningún tipo de oposición política y que la muerte es
el único destino de quienes piden justicia y el cumplimiento de derechos
fundamentales.
Pintado en la Pared No 196
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