La protesta social en
Colombia.
Desde el 28 de abril,
Colombia está sumida en la protesta social. El detonante fue un proyecto de
reforma tributaria que no se compadecía con el aumento de la pobreza monetaria en
Colombia que llegó hasta el 42.5% (21 millones de habitantes); un ministro de
Hacienda empeñado en respetar la ortodoxia neoliberal y desconectado de las
angustias diarias de la población quiso imponer nuevos impuestos a los
alimentos básicos. A eso se agregaba el descontento social acumulado desde
antes de la pandemia; a fines de 2019 hubo movilizaciones que expresaban el rechazo
a las medidas económicas del gobierno Duque y la pandemia se convirtió en un mal
disimulado paréntesis de la protesta social.
Las manifestaciones han
sido multitudinarias y persistentes durante casi veinte días; al lado de las marchas
pacíficas ha habido toma y bloqueo de vías nacionales, calles en las ciudades.
También ha habido saqueos de almacenes y bancos, incendios de bienes públicos y
privados. La policía ha cometido excesos en el uso de la fuerza y ha sido
responsable de asesinatos, de agresiones sexuales a mujeres, de lesiones. Según
las cifras más conservadoras, hasta el 10 de mayo se acumulan 47 muertes (46
civiles y 1 agente de policía); de las 46 muertes de civiles, por lo menos 39
han sido responsabilidad de miembros de la policía nacional. Hay 28 personas
con heridas oculares, 12 víctimas de agresiones sexuales, un centenar de casos
de uso de armas de fuego que incluye episodios de civiles sin identificar
armados que han disparado contra los manifestantes.
Las protestas han
decantado una masiva movilización de jóvenes que se han empobrecido, que no
tienen oportunidades de empleo, ni de acceso a la educación universitaria. Además,
la juventud no se siente representada ni por los partidos políticos, ni por los
líderes sindicales; los jóvenes en los barrios han sido los principales
protagonistas de los bloqueos de vías y han sido baluartes de una explosión de
lucha digna contra la pobreza, en búsqueda de políticas públicas que los
incluyan y en la creación de mecanismos de participación ciudadana. Ellos han
sido, además, las principales víctimas de los excesos de la fuerza pública.
A medida que pasan los
días, las movilizaciones masivas se mantienen, pero también han irrumpido
protagonistas de muy diverso tipo que han provocado confusión y desasosiego en
algunos lugares del país. Civiles armados han lanzado ráfagas contra los
manifestantes, han disparado contra miembros de la minga indígena; también han
intervenido grupos delincuenciales que cobran dinero por dejar pasar vehículos o
que destruyen o incendian estaciones de gasolina.
En los primeros días, el
gobierno Duque reaccionó con la renuncia de su ministro de Hacienda y con el
retiro del proyecto de reforma tributaria; sin embargo, el descontento no se detuvo
y, al contrario, parece incontenible en sus demandas que son tan diversas como
los agentes sociales comprometidos en las movilizaciones cotidianas. La
represión armada no bastó para contener la protesta social y ahora, con cierta
tardanza, el presidente y su gabinete se han sentado a negociar con un comité
del paro nacional cuya representatividad está, ahora, en entredicho.
La protesta social ha
sido tan arrasadora que ha provocado dificultades en el desplazamiento de los
habitantes y en el abastecimiento de medicamentos y de alimentos; pero, sobre
todo, hizo olvidar las altas cifras de contagios y muertes por la Covid-19.
Mientras se ha protestado diariamente, Colombia se ha estacionado en el cuarto
lugar en el mundo en muertes diarias por el coronavirus; en promedio, en las
dos últimas semanas, han muerto diariamente 480 personas y ha habido días que
superan las 500 muertes.
La solución al conflicto
social parece lenta, lejana y traumática. El país no va a ser el mismo después
de esta situación desastrosa provocada, en muy buena medida, por un gobierno
que no supo percibir la creciente inconformidad de una sociedad que la estaba
pasando muy mal a causa de la pandemia y a la que el presidente Duque le iba a
agregar el fardo de una reforma tributaria que exacerbaba las desigualdades en el
país que tiene el índice de desigualdad más alto en América latina. Esta
protesta social habla de hambre, de pobreza, de democracia, del futuro de
nuestros jóvenes y de lo que será o no será Colombia en su difícil tránsito a
la sociedad posterior a los acuerdos de paz con la guerrilla.
Pintado en la Pared No.
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