domingo, 28 de octubre de 2012

Pintado en la Pared No. 78



La nación inventada

(Entre Manuela y María, la novela de la nación).


 PARTE 2


DE LA REPÚBLICA DE LOS ILUSTRADOS
A LA NACIÓN INVENTADA

Hasta bien entrado el decenio de 1830 se insistió en la necesidad de limitar cualquier ejercicio pleno de la soberanía del pueblo y colocar toda la fuerza de la legitimidad del nuevo orden en la representación política. El punto de partida de la reflexión era la división inevitable de la sociedad en individuos capacitados e individuos poco aptos para las tareas de gobierno. El pueblo como la masa total de los individuos no era el elemento más apropiado para tomar decisiones fundamentales; en El Argos americano de 1810 se afirmaba: “Son muy arriesgadas las elecciones que emanan directamente del pueblo, porque este en primer lugar no se halla en estado de discernir cuáles sean los individuos más dignos de ejercer en tan arduo y delicado ministerio”[i]. Los escritores del decenio de 1820 fueron más aplicados en determinar los límites de la soberanía; por ejemplo, en los periódicos La Indicación, de 1822, y la Bandera tricolor, de 1826, se hizo una sistemática diferenciación entre “la soberanía radical y primitiva”, momento único de superioridad del pueblo como principio fundador de un orden político, y “la soberanía actual o de ejercicio” que era el resultado del “pacto representativo”.[ii] La soberanía popular era un ejercicio efímero –aunque fundador- porque en la práctica gubernativa funcionaba una soberanía de ejercicio que era el resultado de la delegación de esa soberanía primitiva en representantes que habían sabido demostrar las virtudes y los talentos necesarios para ocupar ese lugar en el sistema de gobierno. Por eso, más drástica y claramente, los escritores políticos hablaron de un nuevo principio en el régimen representativo y era aquel según el cual “el ejercicio de la soberanía no reside en la nación, sino en las personas a quienes la nación ha delegado”.[iii]  

Remplazar al pueblo o, mejor quizás, desplazar al pueblo de una constante presencia en la vida pública era la solución ofrecida por el pacto representativo. El único gran momento democrático admisible, el único momento en que el pueblo recobraba su soberanía radical y primitiva era el de las elecciones; en otras palabras, el “poder electoral” debía ser el único momento legítimo y legal de realización de la voluntad soberana del pueblo. Al pueblo le quedaba la facultad de elegir a sus representantes, el ejercicio del derecho de petición y de la libertad de pensamiento; el pueblo podía ejercer la vigilancia y censura de los actos de gobierno, podía imprimir y publicar sus opiniones, y elegir periódicamente a sus representantes. Todo esto, por supuesto, sólo podría hacerlo gente instruida y pudiente capaz de leer, escribir y contratar los servicios de un taller de imprenta. El pueblo reunido para deliberar era “una verdadera usurpación” de los poderes creados por el acto constitucional. Ningún grupo de individuos podría reunirse para deliberar acerca de asuntos que eran potestad exclusiva de los órganos de representación política, especialmente el Congreso. El pueblo, simplemente, al aceptar el pacto de la representación, al confiar en la delegación de poder, se había despojado de su soberanía. Ese despojo de la voluntad general a favor de la voluntad de unos pocos, la instauración y aceptación de las condiciones del “gobierno popular representativo” fueron definidos como “la democracia ficticia”[iv].

La democracia ficticia era la imposición de las virtudes de la democracia representativa porque asomaba como la solución a la imposibilidad – y al peligro- de la “democracia pura”, de la democracia directa. Era la solución a un problema práctico que habían vislumbrado Sieyes, Constant, Burke, Montesquieu, y que consistía en la dificultad de reunir frecuentemente a la “masa general”. Solamente en las pequeñas repúblicas antiguas había sido posible el funcionamiento de la democracia directa; pero, aun así, según también Vicente Azuero, “las reuniones tumultuarias” fueron incluso en las democracias de la antigüedad actos ilegales de fracciones del pueblo. Solucionar el problema práctico de la deliberación popular constante parecería la justificación más inmediata y cierta del despojo de la soberanía popular; sin embargo, la insistencia en la restricción de la actividad deliberativa del pueblo pareció favorecer la consolidación de un personal político activo que necesitaba apropiarse de la misión representativa. Esta apropiación de la misión representativa por parte de un personal letrado que se auto-consideraba el mejor o el único capacitado para las tareas de gobierno, esta confiscación de la soberanía popular para imponer una soberanía de las capacidades distinguió los primeros decenios republicanos y fue un momento discursivo más o menos bien definido en que  el cuerpo de la nación quedó identificado con el cuerpo representativo; es decir, eso que hemos decidido llamar la república de los ilustrados no fue más que la imposición de la soberanía de las capacidades, la soberanía de la razón. Fue un tiempo retóricamente caracterizado por el disenso entre facciones de la élite letrada apropiada de las funciones de la representación política. El pueblo era apenas un principio abstracto evocado para legitimar el ejercicio de la soberanía representativa; pero el pueblo real, el pueblo sociológico concreto había estado marginado, por fuera de las coordenadas de la vida asociativa y de la participación en los asuntos de la polis; el pueblo era la plebe incómoda, volátil, peligrosa que solamente debía ser convocada, fragmentariamente, en los momentos electorales, cuando en la condición básica de los sufragantes parroquiales podía incidir , muy indirectamente, en la elección de los representantes del pueblo.

La necesidad de ganar elecciones propició el nacimiento de “partidos eleccionarios” que convocaban, para alguno de los momentos de las jornadas electorales a los sectores populares que algún beneficio podían extraer de los resultados de una elección. El pueblo era convocado para agitar candidaturas, alterar resultados, sabotear urnas. La expansión de clubes políticos liberales y, en menor medida, conservadores, contribuyó a crear las primeras estructuras nacionales de partidos políticos, algo que se insinuaba desde fines del decenio 1830 pero que tomó consistencia entre 1846 y 1851, cuando el notablato liberal aliado con sectores populares de diverso origen socio-racial instaló en el país un centenar de clubes políticos que sirvieron de escuelas republicanas y difusoras de un transitorio igualitarismo político. El Neogranadino, el principal vocero del liberalismo democrático de mitad de siglo constataba que “las cuestiones eleccionarias han descendido hasta el fondo de nuestra sociedad y conmueven y agitan a multitud de gentes que antes no las comprendían ni las apreciaban”.[v] Sin embargo, la dirigencia liberal, al comienzo orgullosa de haberle dado la palabra a las gentes del pueblo, pronto se percató, en 1851, de las consecuencias funestas de esa expansión democrática y dio marcha atrás y se replegó en clubes políticos elitistas y trató de fijar una línea fronteriza con las asociaciones que habían aupado. Lo sentenció José Maria Samper, uno de los patricios liberales que fomentó el florecimiento asociativo de aquella coyuntura: “La gloria del partido liberal se detuvo en 1851”.[vi]

Entre 1850 y 1851 creemos hallar un punto de quiebre histórico; la ruptura entre artesanos y liberales impulsó una eclosión de escritura identitaria entre los artesanos que ya se sentían decepcionados con una alianza que terminó convertida en retaliaciones de parte y parte.[vii] Varios artesanos, habituados a pequeños cargos públicos y con formación autodidacta publicaron varios libelos, sostuvieron periódicos, apelaron a un lenguaje llano para un auditorio compuesto por sus cofrades, como supo advertirlo uno de esos periódicos publicado por los artesanos de Cartagena: “Vamos a tomar parte en la discusión de los negocios públicos hasta donde lo permitan nuestra inteligencia y nuestros medios”[viii]; reivindicaron la necesidad de asociarse y defender sus oficios, exaltaron la participación ciudadana, la inserción en ese mundo hostil pero indispensable de la representación política. En esos años, el régimen liberal de José Hilario López hizo aprobar gran parte de su reformas que constituyeron, en América latina, la primera gran ofensiva contra el tradicional poder de la Iglesia católica; pero, además, hubo un embate reformador contra lo que el liberalismo de la época podía considerar como vestigios de una sociedad tradicional, se aprobaron las leyes sobre abolición de la esclavitud, eliminación de los resguardos indígenas, libertad absoluta de imprenta, descentralización administrativa, supresión del fuero eclesiástico, expulsión de los jesuitas. Varias de esas medidas justificaron la rebelión de hacendados esclavistas en el suroccidente colombiano y, también, alentaron las expresiones igualitarias de esclavos negros que tuvieron situación propicia para arremeter contra sus antiguos expoliadores. Y fue en 1851, mientras el suroccidente era escenario de una guerra civil, que el Estado dio inicio a una tarea científica aplazada, la de recorrer y conocer el territorio y la población. La de medir, la de representar en mapas, dibujos y la de describir población y territorio en un informe escrito oficial que pronto iba a convertirse en paradigma de la descripción de costumbres: Peregrinación de Alpha.


En fin, entre 1850 y 1851 hubo una definición de agentes políticos históricos enfrentados, cada cual apelando a dispositivos de escritura, difundiendo ideales de orden en el mundo republicano. El pueblo había irrumpido en la política e hizo emerger un variado espectro de escrituras para controlarlo, para contenerlo, también para conocerlo. De la idea de nación restringida al cuerpo político que ejercía la representación, se había pasado, no sin violencia, a una idea de nación que vislumbraba todo aquello que estaba por fuera del universo predecible de los políticos letrados; comenzaba a percibirse que la nación era un territorio y una población variados, inmensos y desconocidos que era necesario ir a conocer in situ. Era un Otro que estaba afuera del círculo político-letrado. Las expediciones de la Comisión Corográfica parecían admitir la existencia de un mundo desconocido y recomendaban un método de solución: la premisa científica de conocer la nación para gobernarla; la necesidad de representar la nación a medida que dejaba de ser un objeto lejano o ausente. El círculo letrado organizado en la estructura incipiente de un Estado salía con sus instrumentos a hacerse su propia idea de ese mundo disperso, mayoritariamente no letrado, abigarrado social y étnicamente, quizás aferrado a otros sistemas de creencias, a otros valores, a otras autoridades. La irrupción de un pueblo republicano había obligado a pensar en esa desconocida nación de la cual había emergido.     





NOTAS


[i] “Reflexiones sobre nuestro estado”, El Argos americano, Cartagena, 10 de diciembre de 1810, p. 48
[ii] Un autor central en este decenio y en estos periódicos, como difusor de las virtudes del sistema representativo, fue Vicente Azuero (1787-1844).
[iii] “Autoridad del pueblo en el sistema constitucional”, La Indicación, Santafe de Bogotá, No. 5, 24 de agosto de 1822, p. 19 y 20.
[iv] Observaciones sobre el gobierno representativo, Caracas, Devisme Hermanos, 1825, Fondo Pineda 166, Biblioteca Nacional de Colombia, p. 21-40.
[v] El Neogranadino, Santafe de Bogota, No. 32, 10 de marzo de 1849, p. 73.
[vi] Carta de José María Samper a Victoriano de Diego Paredes, Ambalema, 16 de septiembre de 1852, sección ACH, AGN.
[vii] No es tanto el golpe de Melo del 17 de abril de 1854, que lo vemos, mejor, como un corolario de una situación de ruptura que se estaba viviendo desde años antes. El golpe artesano-militar fue una consecuencia, una resultante de un acumulado de elementos que venían exponiéndose, por lo menos, desde la guerra civil de Los Supremos y que luego, con la expansión de los clubes políticos liberales, puso en evidencia los agentes políticos y sus proyectos de orden republicano.
[viii] El Artesano, Cartagena, 1º de febrero de 1850, p. 1.

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