jueves, 26 de noviembre de 2015

Pintado en la Pared No. 132


Al nuevo rector de la Universidad del Valle

El nuevo rector de la Universidad del Valle, doctor Edgar Varela, tiene varios retos que no sé si están en la agenda de sus prioridades. Yo me permito sugerirle dos evidentes y que no vi expuestos ampliamente ni por él ni por los demás candidatos durante sus campañas electorales.
El uno tiene que ver con la calidad de los programas de doctorado, con lo que puede hacer y aportar la dirección universitaria para garantizar formación doctoral de calidad. Hoy, en las universidades públicas colombianas, los doctorados son muy costosos en comparación con los de otros países y la alta cifra de la matrícula no corresponde con los servicios o ventajas que las universidades nuestras puedan ofrecerles a los estudiantes. Eso sucede en la Universidad del Valle; sus doctorados son costosos y no les presentan a sus estudiantes ni alivios económicos, ni incentivos, ni becas, ni servicios que faciliten la investigación y la elaboración de la tesis.
Es hora de que en la Universidad del Valle haya edificio o edificios para los programas de doctorado, con centro de documentación propio, con salas de lectura, con gabinetes para los investigadores; en decisión que lamento, el  edificio que pudo  servir para esas funciones lo vendió el rector anterior. La biblioteca central debería tener una sección de atención exclusiva para doctorandos e investigadores. Es  un poco infame que un estudiante de doctorado tenga que competir con estudiantes de pregrado para tener acceso a un préstamo de libros.
También es hora de que los profesores de los programas de doctorado tengan proyectos propios de investigación que estén insertos en el proceso de formación de doctores y que su asignación académica fundamental sea la de dedicación a los seminarios que impartan a nivel de posgrados. Que un profesor tenga que repartir su asignación semestral entre cursos de pregrado y la docencia en el doctorado es indicio de bajo nivel de investigación y de una pésima definición de prioridades en la universidad. 
La Universidad del Valle tiene que inventarse algún plan de incentivos que alivie el peso económico de los estudios doctorales. Tiene que decidirse por garantizar o no ciclos de formación de posgrado para sus egresados de pregrado o, al contrario, propiciar que sus mejores egresados de pregrado busquen otros rumbos, ojalá fuera del país, porque a la Universidad del Valle no le interesa retenerlos. Y ya sabemos que no se trata solamente de las becas, pírricas, que pueda ofrecer la caótica Colciencias. Quizás hace falta un vínculo estratégico regional con un empresariado dispuesto a contribuir.
El otro tiene que ver con su programa editorial. No es una crítica a los colegas que han asumido la dirección episódica de esa oficina; es una crítica al generalizado desprecio de los buenos libros. La Universidad del Valle se ha especializado en hacer mal los libros porque, entre otras razones, su programa editorial es una oficina pequeñísima, mal dotada, que tiene que afrontar desafíos monumentales. Hay que aprender de otras universidades que les han apostado a crear secciones de una editorial universitaria, con equipo de editores, de correctores, de diagramadores, de distribuidores; todo eso en verdadero plural. El traslado a un lugar más acorde con el peso de sus funciones debería ser lo más inmediato.
Hoy, esa oficina no puede cumplir los  protocolos mínimos de elaboración de un libro. Siempre se va un gazapo protuberante: una carátula sin los créditos, un título equivocado, el archivo con las últimas correcciones se traspapela. A eso se añade que la compra de un ejemplar es un trámite sinuoso. En fin, el reto es crear un programa editorial con personal muy profesional, muy sensible con los procesos del libro y que, por tanto, satisfaga las necesidades de difusión de la vida investigativa.
Mucho de esto puede hacerse, no tengo duda; el asunto está en querer o no hacerlo. 


   

miércoles, 11 de noviembre de 2015

Pintado en la Pared No. 131


El expresidente Belisario

Muchos males de la vida pública colombiana son adjudicables a su dirigencia política. La mala calidad de la burocracia estatal tiene que ver con una educación fraudulenta, postiza. Muchos  funcionarios exhiben trayectorias académicas llenas de títulos y nombres rimbombantes, pero la mayoría de eso es espuma y mentira. A lo sumo pertenecen al ambicioso gremio abogadil donde  una que otra fechoría los ha puesto entre los elegibles a cualquier cargo de administración estatal. Pero la esfera de los presidentes de la república tiene varios aspirantes a un premio fuera de concurso. Desde la instauración del Frente Nacional, los presidenciables y los presidentes han sido, en conjunto, unos mediocres. Aquella frase que hizo famosa el asesinado Jorge Eliécer Gaitán ha hecho carrera en el último medio siglo de la historia de Colombia: “El pueblo es superior a sus dirigentes”. El pueblo colombiano, aplastado metódicamente mediante masacres, torturas, desapariciones, paramilitares, guerrilleros; es decir, el pueblo colombiano aplastado por la barbarie del conflicto armado y por el pésimo sistema educativo, no ha sabido discernir entre la parranda de delincuentes disfrazados de políticos que han asumido el control del Estado.

Hay un expresidente  -que aún vive y habla- que encabeza, a mi juicio, el listado de malos presidentes de Colombia; se trata de Belisario Betancourt Cuartas. En su gobierno sucedieron dos hechos terribles e imborrables de la memoria colectiva, así tengamos ahora versiones incompletas y distorsionadas de esos sucesos. En una semana de su gobierno hubo la toma del Palacio de Justicia, entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, y luego, un 13 de noviembre, una avalancha de lodo provocada por la erupción de un volcán sepultó una población de 20.000 habitantes. En esos sucesos no hubo nada de fatalidad divina, no fue asunto de un destino indescifrable ni un designio sobrenatural que los seres humanos no pudiesen evitar, menos hablar de una simple mala suerte de un gobernante. En ambos casos hubo negligencias, omisiones, imprevisiones. La toma del Palacio de Justicia, cuyo plan había sido desvelado días antes, habría podido impedirse con el cumplimiento de normas básicas de protección del edificio y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; ¿porque no se evitó esa toma? El presidente Betancourt no lo explicó entonces ni lo ha explicado hoy en su condición holgazana de expresidente. El desastre de Armero, así se llamaba aquel municipio arrasado por la avalancha, también pudo evitarse con advertencias claras, con seguimiento al fenómeno volcánico, con medidas oportunas.

Que el expresidente Belisario siga hablando en público sin inmutarse por sus acciones y omisiones durante su cuatrienio, que no haya dicho la verdad sobre su comportamiento en la toma del Palacio de Justicia, que no acepte de buena gana su responsabilidad en los excesos de la retoma oficial en la que hubo ejecuciones, desapariciones y torturas sobre mucha gente inerme e inocente; que no acepte que su gobierno no cumplió labores preventivas que evitaran el arrasamiento de una población, todo  eso es una deuda imperdonable. Sólo la soberbia de nuestra dirigencia política, unida al cinismo general de la sociedad colombiana, le ha permitido dormir tranquilo a alguien que podría haber sido enjuiciado por cobardía o por violación masiva de los derechos humanos. Y eso es poco para alguien que en su larguísima trayectoria de expresidente ha podido disfrazarse de “poeta”, “humanista”, “traductor”. Un supuesto mecenas editorial que ha contribuido a los  exclusivismos y las arbitrariedades de las políticas culturales en Colombia. El señor Belisario de humanista no tiene un gramo, fue un político de mala calidad con dos trofeos enormes en sus manos: un centenar de muertos en el Palacio de Justicia; veinte mil muertos en el extinto municipio de Armero. Él y su gabinete ministerial de aquellos momentos luctuosos deberían ser puestos en el sitio más alto de un pabellón de la ignominia. 




lunes, 9 de noviembre de 2015

Pintado en la Pared No. 130

Palacio de Justicia
6 y 7 de noviembre de 1985 son días que han dejado un triste recuerdo en Colombia. Hace 30 años hubo una masacre en el Palacio de Justicia, en pleno centro de Bogotá; murieron cerca de cien personas en la toma ejecutada por un grupo guerrillero, el M19, y en la pretendida retoma organizada por el ejército y la policía nacionales. Muchas otras personas sufrieron desaparición forzada y torturas; en su mayoría, gente humilde e inerme,  simples empleados de la cafetería del lugar o del sistema judicial. Los testimonios de los pocos sobrevivientes nos taladran todavía y en la conmemoración de hoy se siente el peso de un suceso nefasto en que grupos armados, a nombre de la revolución, de un lado, y a nombre de la institucionalidad, del otro, arrasaron con la sede principal del sistema de justicia colombiano y asesinaron a sus más altos magistrados, eminentes jueces que ya habían padecido el asedio criminal del narcotráfico.
La conmemoración de los 30 años ha estado marcada por evocaciones desde todos los ángulos; el clamor de los familiares y de víctimas sobrevivientes ha logrado impactar incluso a las jóvenes generaciones que no supieron de ese par de días dramáticos. Se ha sentido el peso de la indignación por la injusticia, porque hasta hoy ninguno de los máximos responsables ha sido condenado, porque la verdad de lo que allí sucedió no se conoce. La amargura y el desasosiego siguen acompañando a quienes necesitan saber qué pasó con sus seres queridos en aquellos días cruentos; y el resto de colombianos hemos sentido, sino solidaridad y afecto por los que han sufrido directamente por aquel hecho, al menos tristeza por algo que la sociedad colombiana no ha resuelto debidamente. Alrededor de estos hechos abundan versiones e interpretaciones, todas insatisfactorias, todas contribuyen a aumentar la incertidumbre. Son 30 años sin saber la verdad de lo que allí sucedió.
En esta conmemoración, el presidente Santos, en cumplimiento de una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pidió perdón y admitió la responsabilidad que le concierne al Estado colombiano; el gesto es tardío e incompleto. Ha sido por la exigencia de una institución externa y no porque haya funcionado a plenitud la justicia en Colombia. Además hace falta la verdad sobre los hechos; quiénes y por qué mataron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; por qué hubo desapariciones y torturas; por qué fueron asesinadas casi un centenar de personas; muchas de ellas habían salido sanas y salvas del lugar.
El presidente del país en aquel momento y su gabinete tuvieron su responsabilidad, mal o nulamente admitida por ellos mismos. Los guerrilleros del M19 cometieron un acto delirante, tomaron como rehenes a los miembros de la Corte Suprema de Justicia para forzar un diálogo con el débil gobierno de Belisario Betancourt. Las fuerzas militares colombianas apelaron a los peores métodos para recuperar el edificio; en nombre de las  instituciones y las leyes, masacraron, torturaron y desaparecieron a personas inermes e inocentes. En fin, aquel evento fue una apología funesta de los peores recursos de los poderes armados.
Hoy, los principales responsables políticos y militares de esos hechos se revuelcan en su arrogancia. No admiten plenamente sus acciones y omisiones. Los exmiembros del M19 admiten parcialmente su responsabilidad, pero los agentes del Estado colombiano se han empecinado en obstaculizar las investigaciones, desde el mismo 7 de noviembre de 1985. Lo sucedido en el Palacio de Justicia es un testimonio de las perversiones que alcanzó en Colombia, en tiempos recientes, el conflicto armado. Sus protagonistas olvidaron límites éticos y despreciaron a la población civil.

Los guerrilleros colombianos, no solamente los del M19, han creído que el pretendido propósito revolucionario sacraliza cualquier acción armada; que la lucha armada es (o era) el más elevado esfuerzo de un militante de la izquierda. Mientras tanto, nuestras fuerzas militares fueron adoctrinadas para emplear los métodos más ruines para aniquilar la subversión. La pretendida defensa de la nación y las instituciones dotaba de heroicidad cualquiera de sus actos. Los unos y los otros han estado equivocados y deberían recibir condena por sus errores.    

domingo, 1 de noviembre de 2015

Pintado en la Pared No. 129

El maestro Jaime Jaramillo Uribe, 1917-2015

El maestro Jaime Jaramillo Uribe fue pionero de la historiografía universitaria colombiana; abrió la senda de la investigación histórica nutrida de la formación metódica, multidisciplinar, en las universidades colombianas. Puso la primera piedra en la creación de una publicación académica de historiadores y para historiadores. Su libro, El pensamiento colombiano del siglo XIX, es hoy un clásico, lectura obligada para comprender a los políticos que participaron en el proceso de formación del Estado y la nación en Colombia. Y es además un libro clásico porque no ha sido superado; aunque sepamos decir cuáles son sus vacíos e inconsistencias, sigue siendo un libro muy difícil de superar como ejercicio sistemático de interpretación. Fue, entonces, pionero, en varios sentidos: como creador de formas de entender nuestro pasado; como fundador de institucionalidad académica que le dio cimiento al proceso formativo de varias generaciones de investigadores, incluso de aquellas que han intentado revaluar su obra.

Desde su primera edición, en 1964, El pensamiento colombiano en el siglo XIX ha sido obra inamovible. Todos aquellos que hemos pasado por el estudio de ese siglo fetiche de nuestra historiografía, y el número es multitud, hemos tenido al frente el modelo insuperable de ese libro. Es cierto que el corpus documental es pobre; es cierto que la caracterización de algunos dirigentes políticos, que también fueron pensadores, es raquítica o distorsionada; aun así, el libro dejó una senda que no fue apreciada del todo en sus primeros decenios de circulación y apenas ahora, según la moda de la nueva historia intelectual, balbucean algunas novedades de perspectiva y de rigor en el análisis de lo que fue el pensamiento de aquellos individuos que ocuparon, de un modo u otro, lugar central en el proceso de construcción del estado nacional en esa centuria.

Pero el maestro Jaramillo Uribe no será recordado solamente por su papel pionero en la Universidad Nacional de Colombia, por haber puesto allí los cimientos de la ciencia histórica cono disciplina arraigada en la institucionalidad universitaria. Tampoco será recordado solamente por sus escritos renovadores que abrieron mundos posibles de investigación monográfica para otros. Será recordado por su modo de ser; porque era una buena persona, un comunicador serio y humilde de su conocimiento. Y eso, la mezcla de seriedad y humildad hace mucha falta en cualquier oficio. La Historia no requiere solamente gente que sepa arrumar la documentación de un archivo y que escriba puntuales artículos para revistas especializadas y adquieran ostentosos títulos de doctores y post-doctores. Nuestra historiografía también requiere buenas personas, personas serias y humildes que sepan comunicar lo que saben y lo que están intentando saber.

No me atrevo a apelar a las anécdotas personales que asoman ahora en mi recuerdo. Pero basta decir que mientras él estuvo en la Universidad de los Andes, tuve allí a alguien con quien conversar; sus opiniones, sus consejos y hasta un par de llamadas en momentos cruciales fueron muestra de su vocación generosa.

Qué dirá ahora Colciencias de la trayectoria de quien fue, entre las ciencias humanas en Colombia, uno de los fundadores de una institucionalidad científica que nos ha permitido existir a tantos bajo el rótulo de historiadores profesionales. Yo creo que su bibliometría informe no le permite decir nada; quizás asome algún dato cuantitativo en que la obra del maestro equivalga a unos cuantos percentiles. Y no más.   









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