viernes, 23 de diciembre de 2016

Pintado en la pared No. 151-La libre opinión en las universidades



En el Departamento de Historia de la Universidad del Valle un grupo mayoritario de profesores hemos estado laborando en una situación sub júdice; una profesora decidió presentar queja por acoso laboral contra once profesores y luego una denuncia penal por constreñimiento ilegal contra tres de sus colegas. La discusión provocada por una decisión de rectoría que era muy difícil de entender y aceptar expuso a la gran mayoría del Claustro de Historia  a esta situación tan complicada; el rector no acogió el resultado de una votación de esa unidad académica para la dirección de programas de pregrado (13 contra dos) y designó a la persona menos votada. El disentimiento público que expresamos muchos profesores se volvió motivo fundamental para las denuncias posteriores.
Que los funcionarios públicos estemos expuestos a investigaciones disciplinarias de nuestras conductas puede ser aceptable, pero convertir el ejercicio del disenso en un posible delito es inadmisible. La judicialización sin fundamento, la sevicia, convirtió en delincuentes a un grupo de colegas. ¿Cómo puede ser la vida cotidiana universitaria si unos colegas creen que otros son delincuentes; peor aún, que la mayoría de miembros de un Claustro –su Claustro- merece una pena de cárcel? ¿Qué naturaleza de delitos cometemos diariamente en nuestras actuaciones los profesores universitarios? Mejor aún: ¿cómo una discusión interna, “un bochinche”, puede terminar en forma de expediente en manos de la justicia penal? Sin duda, hay una degradación de los principios de discusión y deliberación en nuestras universidades cuando casi toda una unidad académica queda sometida al dictamen de una investigación penal.
Hoy, al finalizar 2016, hemos conocido el fallo de la Oficina de Control Disciplinario Interno Docente  (OCDID) que ordena el archivo del proceso disciplinario en contra del jefe del Departamento de Historia (el suscrito), en quien se concentró la diligencia disciplinaria que involucraba a once profesores más. Según el fallo, “los hechos atribuidos al profesor no constituyen falta disciplinaria”. Entre las consideraciones a favor de la terminación del proceso, el jefe de la OCDID destacó que la actuación del suscrito y sus colegas estuvo dentro de lo que dicta el derecho a la libre expresión; “la universidad es un campo o un espacio libre de cualquier presión que trate de impedir la sana controversia de cualquier naturaleza”. Este fallo es una lección que, ojalá, sirva para tratar futuros casos y es un precedente en medio de lo que sucede con otros colegas en otras universidades que se auto-proclaman libertarias y autónomas. La decisión de la OCDID enaltece a la Universidad del Valle y marca un derrotero para resolver asuntos que no deberían ir más allá de una reunión de cada Claustro; por eso el mismo documento hace una recomendación central: “solucionar las controversias o desavenencias que surjan” mediante mecanismos de conciliación propios de la institucionalidad universitaria.   
Resuelto a favor el proceso disciplinario, queda pendiente el proceso penal, la acusación por constreñimiento ilegal, términos muy fuertes para referirse a un inevitable disenso interno ante una decisión administrativa cuestionable. Por ahora, varios profesores de Historia seguimos siendo delincuentes para una colega y deberemos demostrar que somos simples profesores universitarios que opinamos libre y públicamente. Quizás, precisamente, una de las moralejas de este caso es que las decisiones de un Claustro deben respetarse. Los Claustros siguen siendo, a pesar de algunos, las unidades académicas fundamentales que reúnen a comunidades disciplinares que son el sustento de la investigación, la docencia y la extensión en cualquier universidad.
Luego de haber sido sometidos a semejante situación, llegará el momento de un necesario resarcimiento moral. Yo, en calidad de jefe del departamento de Historia, agradezco la solidaridad de mis colegas de esta y otras universidades. Exaltó la actitud ponderada que asumió la gran mayoría de miembros del departamento de Historia; esa actitud madura también fue destacada por el propio rector Varela (hemos tenido mucha paciencia). También pongo en evidencia el silencio de otros que debieron decir algo siquiera compasivo y nunca lo dijeron.    

Gilberto Loaiza Cano, jefe del departamento de Historia-Universidad del Valle

domingo, 4 de diciembre de 2016

Pintado en la Pared No.150



El Tercer Congreso de Historia Intelectual de
América latina

Entre el 8 y 11 de noviembre tuvo lugar el Tercer Congreso de Historia Intelectual de América latina; su sede fue el Colegio de México. Luego del primer congreso en Medellín (2012) y el siguiente en Buenos Aires (2014), podemos hablar de una comunidad relativamente acostumbrada a reunirse para compartir experiencias, tradiciones y novedades en la investigación. Y, si usamos cierto vocabulario en boga, hay redes de investigadores que comparten sus preocupaciones específicas con alguna frecuencia. Aunque me adelanto a pensar que aún faltan mecanismos institucionales y buen carácter (al menos humildad) para poder conversar entre colegas de diferentes países.  
La Historia Intelectual es una relativa novedad en el campo historiográfico latinoamericano, es una vieja preocupación por las élites intelectuales y sus ideas que ha intentado remozarse en conversación con los aportes de la historia conceptual, de la historia política en la versión de los historiadores de la llamada escuela de Cambridge y del análisis del discurso según las sugerencias de método de Michel Foucault. A eso se agrega alguna mirada sociologizante al incluir el estudio de grupos, generaciones, sociabilidades y redes de intelectuales. Además, el vínculo entre intelectuales, vida intelectual y poder político parecen cobrar fuerza en los análisis de los jóvenes investigadores que han nutrido con su vigor, y a veces con su ingenuidad, todas las tentativas de remozamiento que confluyen en esta denominada nueva historia intelectual.
Es cierto que esta tercera reunión fue quizás la menos vital de todas, la más desigual en la selección de las mesas temáticas. En este tercero hubo ausencias notorias, poco o nada de Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay; una muy débil presencia, en número, de Brasil y quizás demasiado por parte de Argentina, México y Colombia. Esas asimetrías merecerán, tal vez, las necesarias rectificaciones para un futuro congreso, si lo hay.    
Será muy difícil superar el generoso primer congreso de Medellín, cuya hospitalidad con los invitados será, además, imposible repetir. Para nosotros, en Colombia, sigue el desafío de lograr círculos de investigadores más sistemáticos y de mejorar la calidad editorial a la hora de publicar los resultados de nuestras investigaciones. Buscar acuerdos de colaboración más asidua con los colegas mexicanos, argentinos o brasileros parece tarea infructuosa; quizás vale más el empecinamiento individual o las excepcionales amistades entre algunos. Mejor leernos que tratar de encontrarnos en algún lugar. Cada comunidad de historiadores tiene sus ritmos de trabajo bien establecidos, sus tradiciones más o menos bien definidas; a nosotros, en Colombia, nos corresponde perseverar en nuestro propio camino; luego, si es posible, conversar con aquel u otro colega de otros países, aunque después caigamos fácilmente en mutuos olvidos o desprecios.

Cuando los intelectuales estudiamos a los intelectuales, nos volvemos fácilmente sujetos y objetos a la vez. Algún día se estudiará por qué los pretendidos historiadores intelectuales latinoamericanos contemporáneos teníamos ciertas dificultades de comunicación y comunión, sobre todo cuando hacíamos congresos de Historia Intelectual.

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