Vuelve la enseñanza de la Historia

 

Pintado en la Pared No. 259

Muy cerca de la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad hubo un suceso afín pero menos divulgado. La comisión encargada de preparar un diagnóstico y unas recomendaciones acerca de la enseñanza de la Historia, en Colombia, entregó también su informe. Según la Ley 1874 de 2017, la enseñanza de la historia en nuestro país debe restablecerse de manera obligatoria; desde 1984, esa cátedra había desaparecido de la formación escolar primaria y media y el poco conocimiento histórico había quedado diluido en el currículo de las ciencias sociales. Pero antes de su pleno retorno como asignatura autónoma, era indispensable que una comisión preparase un diagnóstico y unos lineamientos generales. Con las recomendaciones de esa comisión parece allanado el camino para el restablecimiento de la cátedra. El informe llega en un buen momento, cuando la necesidad de conocer nuestro pasado –lejano y reciente- adquiere mayor relieve, cuando hay un fervor por hacer memoria y hallar verdades.

El informe fue preparado por un equipo de profesores con trayectoria en todos los niveles de la educación colombiana; sólo me atrevo a destacar, por ahora, el aporte y hasta el liderazgo de los colegas historiadores de la Universidad del Valle. Es notable que hubo un sustento empírico para la elaboración del diagnóstico y de las propuestas, puesto que el documento menciona que hubo un arduo proceso de talleres regionales en que participaron más de 2000 personas. Además, hay un acervo de entrevistas y estadísticas que respalda el propósito central que atraviesa el documento: “fortalecer el pensamiento histórico de las nuevas generaciones”.

Desde hace casi cuarenta años, a la sociedad colombiana se le ha negado la posibilidad de pensar históricamente. Hemos vivido en un país acostumbrado a olvidar y guardar silencio. El simple retorno de la enseñanza de aquella ciencia que nos enseña a recordar sistemáticamente parece ser un paso restaurador, reparador de un daño cultural cuya dimensión es muy difícil establecer. Pensar históricamente, suponen los autores del informe, es “una forma de pensar asociada al pensamiento crítico” (p. 24).  Yo me atrevo a agregar que pensar históricamente es pensar en perspectiva, con la posibilidad de discernir acerca de lo pasado, con la posibilidad de comparar el hoy con el ayer, lo que somos nosotros ahora con lo que han sido otros en otros tiempos. Lograr algo de eso entraña, y eso lo vislumbra también el informe, el ejercicio de una ciudadanía más activa, de una ciudadanía con criterio. De modo que no se trata de un simple rótulo nuevo en el pensum de la educación básica y media en Colombia, sino de un paso certero en la formación de una nueva generación de ciudadanos que podrán juzgar mejor qué hemos venido siendo.

Con acierto, las y los autores del informe anuncian que el restablecimiento de la enseñanza de la historia ayudará al reconocimiento de nuestra diversidad étnica, al reconocimiento de nuestros estrechos vínculos con América latina, al respeto de las identidades sexuales y a la comprensión de los conflictos de clase.

El informe es apenas un peldaño de un largo proceso de instalación de la Historia en los currículos, porque a eso debe sumarse la formación del personal docente, la dotación de bibliotecas escolares, la preparación de elementos didácticos audiovisuales; en fin, es necesario crear un entorno intelectual que favorezca la enseñanza del conocimiento histórico. Además, es indispensable contemplar en la implementación las variantes lingüísticas, étnicas y regionales del país. No se trata de uniformar un discurso oficial de nuestra historia, sino de dotar de herramientas a profesores y estudiantes para entender los matices muy complejos de una pretendida historia nacional. Una de las riquezas adicionales del informe es que hace recomendaciones al Estado, al magisterio y a la sociedad colombiana. Todas apuntan a unos cambios sustanciales que no sucederán en poco tiempo.  

En poco más de un centenar de páginas, el informe hace un examen detenido de los siguientes aspectos: los propósitos centrales de la enseñanza de la historia; los enfoques posibles en la enseñanza; las didácticas y las formas de evaluación; las condiciones laborales del magisterio que enseña historia; la formación de docentes. Mucho de esto implicará cambios cualitativos en las carreras de historia de las universidades colombianas y, ojalá, provoque la apertura de nuevas líneas de investigación que privilegien el ámbito pedagógico.

De modo muy discreto ha sucedido otra cosa importante: vuelve la enseñanza de la Historia en Colombia.

Ciencias humanas y nuevo gobierno

 

Pintado en la Pared No. 258.

 

Al profesor Wasserman, a veces muy brillante, se le apagó la luz cuando leyó el documento del Pacto Histórico con su propuesta de un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Y sospecho que el apagón tiene que ver con una concepción de la ciencia que para colegas como el profesor Wasserman es muy difícil de digerir. La concepción de ciencia del ex-rector de la Universidad Nacional es cándida, cree que la ciencia es una práctica aséptica de señores vestidos con impecables batas blancas. Cree que la política, el dinero y los intereses privados caminan por una orilla y por la otra están los científicos impolutos y, sobre todo, imperturbables.

Científicos como él olvidan o no comprenden que las personas que hacemos –o pretendemos hacer- ciencia somos seres socio-históricamente situados. Lo que decidimos investigar tiene alguna relación con lo que otros han hecho o han dejado de hacer; tiene relación con las prioridades del progreso material, con las exigencias del mercado; tiene relación con alguna idea o ideal de bienestar, de buen vivir. También olvidan o no comprenden que las y los científicos tenemos creencias que no quedan sentadas en la sala de espera mientras nos internamos en el laboratorio, en el archivo o en la selva. Entonces hay científicos que son judíos, otros que son protestantes, otros que son musulmanes, otros que son católicos y otros que se declaran agnósticos, por ejemplo. Por eso hay científicos que no creen en el cambio climático, como sucede, precisamente, con varios geólogos de la Universidad Nacional de Colombia. O, para ir a la letra más menuda, por eso hubo científicos colombianos que votaron por Gustavo Petro y otros que votaron por Federico Gutiérrez o Rodolfo González.

Las políticas científicas no las definen los científicos; nuestro papel al respecto es muy limitado. Suelen intervenir en el diseño de esas políticas, por desgracia o por fortuna, los políticos profesionales, las farmacéuticas, las transnacionales de las comunicaciones y de la explotación de los recursos naturales. Una política científica con esos orígenes determina mucho lo que puede y debe investigar cualquier científico; determina qué investigaciones tendrán recursos y cuáles no; determina qué científicos y de qué áreas tendrán una carrera exitosa y cuáles quedarán destinados al ostracismo. Por eso, quizás, es que el documento del nuevo gobierno intenta responder a los siguientes interrogantes cruciales: ¿Ciencia para qué?, ¿ciencia con quiénes?, ¿ciencia cómo?

Las respuestas que anuncia el tal documento vislumbran un cambio que se funda en unas “deudas epistémicas” acumuladas. Deudas con unas comunidades, deudas con unas ciencias, deudas con unos saberes que han sido olvidados o despreciados por las instituciones y las prácticas científicas que se han impuesto como las hegemónicas. En consecuencia, el documento sugiere un cambio de paradigma que, por supuesto, para científicos como Wasserman va a ser muy difícil de comprender y poner en práctica.

Desde mi modesto rincón de un científico de las menesterosas ciencias humanas, sólo puedo expresar mi deseo de una transición que modifique, a nivel nacional, la institucionalidad que regenta las políticas de ciencia y tecnología. Hace mucha falta una dirección nacional autónoma de las ciencias humanas y sociales que permita definirnos nuestros propios derroteros, nuestros propios criterios de validación del conocimiento, nuestras formas de difusión, nuestras propias políticas de incentivo y financiación. Hasta ahora, las ciencias humanas han caminado a la sombra de políticas definidas por centros de poder que le han dado preeminencia exagerada al conocimiento producido por ingenieros, matemáticos y médicos; nos han impuesto fórmulas de difusión, de incentivo y de financiación que distorsionan la práctica científica de nuestras disciplinas.

Aquí dudo si el documento del Pacto Histórico y los planes del nuevo gobierno abarquen alguna solución a este tipo de deuda histórica con las ciencias humanas en Colombia; pero si los autores del documento son consecuentes con lo que pretenden, el rediseño institucional de las ciencias humanas se vuelve indispensable. Y no solo eso, se vuelve indispensable un cambio rotundo en la financiación del sistema de universidades públicas de Colombia cuya infraestructura es ruinosa y no está en la capacidad de proporcionar las condiciones básicas para competir dignamente con las ventajas de las universidades privadas. Otra implicación inmediata es la creación de un sistema de posgrados que garantice investigación de alto nivel en los programas de maestría y doctorado; y, además, deberá haber una reestructuración de la docencia y la investigación de las universidades de tal manera que se garantice dedicación exclusiva a la producción de nuevo conocimiento. Ya sabemos que las universidades colombianas tienen unas estructuras académico-administrativas que son parte de las talanqueras para la investigación.

En las ciencias humanas colombianas hay muy bajo nivel de profesionalización de la actividad investigativa. El personal docente con formación doctoral es muy bajo si se compara con los demás países de América latina. Aún más, las y los pocos doctores de las ciencias humanas están siendo desaprovechados por un sistema de asignación de tareas que constriñe la dedicación exclusiva a la investigación. Por eso los programas y líneas de investigación nuestros son incipientes, coyunturales y con un muy bajo nivel de publicación de libros.

Hay mucho por enmendar. También mucho por discutir. ¿Estamos viviendo la oportunidad de un gran cambio en las prácticas y políticas científicas en Colombia? Veremos.

  

 

   

Justicia epistémica

 

Pintado en la Pared No. 257

Claro que sí, entre tantas desigualdades en el mundo y en Colombia, hemos padecido una desigualdad epistémica. Es probable que estemos viviendo una interesante transición política que permita sacudir, así sea un poco, las inercias funcionales, administrativas y de pensamiento de nuestras universidades. Los y las oficiantes de las ciencias humanas y sociales en Colombia nos hemos acostumbrado –y nos acostumbraron- a ser colocados en una situación subsidiria en la estratificación de las ciencias, en la clasificación de las verdades y de los niveles de objetividad. Hay unas ciencias lucrativas y aparentemente muy útiles para la sociedad, porque producen confort, porque sus hallazgos son rentables para la industria y porque además sus oficiantes adquieren estatus, prestigio y, claro, muy buenos sueldos. Hay otras ciencias menesterosas, poco confiables por sus hallazgos, con resultados muy discutibles, casi deleznables, cuyos oficiantes apenas si arañan sueldos dignos. Los oficiantes de esas primeras ciencias suelen tener el botín de los pocos o muchos recursos de las universidades, suelen ser los vicerrectores y rectores; ellos han dirigido las eficientes o erráticas políticas de investigación y las eficientes o erráticas políticas de financiación de esa investigación. Dueños de la verdad, de la objetividad científica, se volvieron también dueños de las burocracias universitarias.

Quienes oficiamos en esas ciencias menesterosas hemos tenido que acostumbrarnos a los ritmos y criterios de los sabihondos de las ciencias puras o duras. Nos acostumbramos a trabajar con pocos recursos y a desbrozar el matorral de las mezquindades propias de una comunidad que busca reconocimiento a los empellones. Cuando una comunidad científica es pobre y poco reconocida cree que su principal enemigo es su colega más cercano y no alcanza a ver que el origen del problema está más allá de sus narices. Alguna vez alguien preguntaba por qué a los abogados, médicos o ingenieros les dicen fácilmente doctores mientras que a los sociólogos, filósofos o historiadores apenas nos dicen “profes”. Muy sencillo, es la forma de reconocimiento social reproducida en las universidades. Las escisiones de la sociedad también se palpan cotidianamente en las universidades.

Suponiendo que estamos viviendo en Colombia un interesante momento de inflexión, podemos creer que les ha llegado el momento de la justicia epistémica a las ciencias humanas y sociales. Y eso tendría que plasmarse en un rediseño del poder universitario, en otra forma de interlocución que no sea la de rendirles cuentas a los médicos y a los ingenieros. Tendría que plasmarse, por ejemplo, en una financiación que garantice un sistema gratuito de posgrados y un sistema de investigación en nuestras disciplinas autónomo en recursos y autónomo en criterios. Aún más, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tendría que abrirle sección aparte a la promoción y difusión de la investigación en nuestras ciencias menesterosas.

Una de las transformaciones más inmediatas debería producirse en las políticas de fomento de la investigación y de las publicaciones científicas. Un paso en la justicia epistémica es que les permitan a las ciencias humanas caminar solas, responsablemente, para que discutan y formulen sus propios criterios de definición de objetos de estudios, de métodos de investigación, de formación en posgrados, de publicación de resultados y de estímulo y premiación a trayectorias. Y esa transformación debería suceder tanto en el circuito institucional nacional como en las estructuras internas de nuestras universidades.  

Es muy ingenuo o muy cómodo pensar que la solución al funcionamiento de las universidades públicas y a sus prioridades en investigación provenga exclusivamente del cambio de perspectiva en el Ministerio de Educación o en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una modificación en la ley de financiación de las universidades públicas es un paso promisorio, pero no es suficiente. Por supuesto, ojalá que el nuevo gobierno garantice mejores condiciones de existencia; pero, al compás de esos cambios en las condiciones básicas de funcionamiento de nuestras universidades, debe haber unas mutaciones internas. Y una de esas mutaciones deseables tiene que ver con lo que ha venido siendo la comunidad de oficiantes de las ciencias humanas y sociales. Creo que hemos confundido la naturalización de nuestra postración con el empobrecimiento de nuestro espíritu crítico. Mucho de lo que ha sucedido o ha dejado de suceder en nuestras disciplinas proviene del régimen hostil de lo que fue Colciencias, de nuestras vicerrectorías académica y de investigaciones. Pero también nosotros, las y los “profes” de las Humanidades, hemos sido co-autores de nuestras desgracias.

Me permito referirme ahora, en exclusiva, a las ciencias humanas y sociales de la Universidad del Valle. Tal vez con la excepción que puedan ofrecer nuestros colegas de sociología y economía, quizás más atentos a los vericuetos de la institucionalidad universitaria y más emprendedores en proyectos de investigación, el retazo incoherente e inconsistente de la Facultad de Humanidades anda con el espíritu crítico embolatado desde hace algunos años. No veo otra razón que explique nuestro ostracismo, el deterioro de nuestros programas de maestría y doctorado. No veo otra razón que explique las múltiples reelecciones de nuestro decano, como si no tuviésemos otra perspectiva que la resignación. Parte de esa exaltada “justicia epistémica” pasa por la propia redefinición de nuestras expectativas y de nuestras perspectivas. El trato justo que reclamamos ahora para ciertos sujetos y objetos de estudio, para ciertos saberes, pasa por un auto-examen que nos lleve a compromisos de cambio y a ser agentes muy activos de la redefinición de las ciencias humanas en la nomenclatura universitaria. El ejercicio de justicia epistémica tiene que comenzar en la misma Facultad de Humanidades y no como un acto externo de conmiseración con nuestro destino.     

 

 

 

 

 

 

                                                     Hay futuro si hay verdad

Pintado en la Pared No. 256.

 

Este título encabeza el informe final de la Comisión de la Verdad que está dividido en dos grandes partes: hallazgos y recomendaciones. Es un denso volumen de 892 páginas, sin contar la bibliografía. El mamotreto será difícil de leer por lo extenso y por lo complejo, porque desgarra y porque indigna. En un país tan mediocre como el nuestro, con tan bajo nivel de lectura, no podemos creer que será leído masiva y juiciosamente. Como muchos de estos informes elaborados por científicos sociales, generosos en testimonios de toda índole, nutrido en narraciones, explicaciones y conjeturas, será acaso leído por algunos periodistas, por académicos extranjeros interesados en este país violento y exótico y por algunos profesores y profesoras universitarios en Colombia.

Los políticos que han despreciado el acuerdo de Paz de 2016 y sus compromisos han apurado su dictamen acerca de algo que no han leído y que, seguramente, nunca leerán. Su actitud es irresponsable y temeraria, porque han apurado juicios que ponen en duda el rigor con que trabajaron los comisionados y nos han hecho creer que el informe es “sesgado”. Si hubiesen leído y entendido al menos las primeras cincuenta páginas, habrían tenido la capacidad de decir cosas en público con algún matiz o con alguna precaución. Un buen político debería dar ejemplo a la sociedad y demostrar que está dispuesto a leer algo que no agrada a nadie y que no fue escrito para satisfacer un interés en particular. Pero lamentablemente estamos rodeados de políticos de mala calidad que viven de alimentar odios y resentimientos entre colombianos. Por eso, la ausencia del presidente de la república, Iván Duque, en la ceremonia de la entrega del informe es un mal ejemplo, es un acto irresponsable de un jefe de Estado y de aquellos políticos que han estado empecinados en la solución violenta de nuestros conflictos.

A mi se me ocurre solamente sugerir que lo leamos y que luego de la lectura iniciemos cualquier crítica; pero, insisto, eso va a ser muy difícil en un país emocionalmente mediocre, poco instruido para sentarse a meditar y leer, para intentar entender lo que somos o lo que hemos venido siendo.

La puerta de entrada del informe, y en concordancia con los acuerdos de paz con las Farc-EP, es la tentativa de definir el lugar de las víctimas del conflicto armado colombiano. El informe es primordialmente por y para las víctimas, aunque repitamos que un libro de semejante dimensión no será fácilmente leído, hoy, por los sobrevivientes de nuestro prolongado y cruento conflicto. Sin duda, la Comisión de la Verdad, el Centro Nacional de Memoria Histórica tienen el reto de encontrar los medios didácticos más eficaces para divulgar estos informes y, sobre todo, para lograr que su comprensión contribuya a la convivencia, a la reparación y a la no repetición.

La Comisión de la Verdad realizó durante cuatro años 14 000 entrevistas y conversó con cerca de 30 000 personas de “todos los sectores sociales, regiones, identidades étnicas, experiencias de vida” (Informe final, 2022, p. 11). La plural visión que buscaron los comisionados es, según el volumen y variedad de testimonios, irreprochable y ayuda a desmentir que se trata de un “informe sesgado”. Además, como lo advierte el mismo informe, lo entregado a la sociedad en la ceremonia del 28 de junio de 2022 es un “conjunto de verdades históricas, extrajudiciales, complejas y centradas en las víctimas” (p.12). Eso se logró con una voluntad o, mejor, con un método de búsqueda que intentó evitar “las lecturas simplistas y binarias” (p.13). Dicho de otro modo, el informe demuestra –hasta donde yo he podido leer- que el conflicto armado colombiano ha estado compuesto de factores y agentes muy diversos. Ha sido un conflicto muy difícil de caracterizar por alguna procedencia específica o por una motivación particular o un grupo definido de responsables. Al contrario, el conflicto colombiano ha tenido un conjunto profuso y difuso de variantes, de justificaciones, de modalidades de acción y de agentes sociales involucrados.

Este primer volumen de 892 páginas anuncia que es el primero de diez. Yo voy leyendo en la página 200 cuando escribo este articulejo. Me temo que esos volúmenes van a ser un bonito y engorroso adorno de bibliotecas y oficinas estatales. El desafío es poner a rodar el informe en las mentes de todos los colombianos y no ser inferiores a la tarea colosal cumplida por la Comisión de la Verdad.     

 

 

Nada de ilusiones

Pintado en la Pared No. 255.

 

Para no desilusionarse lo mejor es no ilusionarse. El triunfo de la izquierda en las elecciones presidenciales de Colombia es un pequeño triunfo. Significativo, pero pequeño. Los primeros pasos del presidente electo demuestran cómo es de angosto y de efímero el triunfo y cómo es de amargo el poder. Una cosa fue ganar con algo más de 11 millones y con la alianza de los diversos movimientos que aglutinan la izquierda y otra cosa va a ser gobernar. No se puede gobernar con lo que ganó; parece que tendrá que gobernar con aquellos que perdieron. Terrible paradoja.

Ni los entusiasmos de los ganadores ni los delirios paranoicos de los perdedores. Los primeros ya empiezan a sentir las fricciones de un poder que hay compartirlo con demasiados socios indeseados y hasta inesperados. Los otros tendrán que admitir que sus aprensiones fueron invenciones exageradas que sirvieron para animar la contienda electoral.

Los hechos de las primeras dos semanas del nuevo presidente electo demuestran que Colombia no se convertirá en otra Venezuela simplemente porque hay pocas similitudes entre ambos países. Colombia es un país altamente fragmentado, la aprobación de cualquier reforma pasa por la negociación truculenta con variados y dispersos poderes regionales, corporativos, gremiales. Todos tienen intereses y todos reclaman el control de pedazos de poder. A eso se añadirá un proceso históricamente demostrado, todos los movimientos políticos que llegan al poder se desmoronan desde el primer día de celebración de la victoria. El poder pudre, el poder corrompe. Y en estos primeros días se ha notado que la coalición del Pacto Histórico ha tenido sus disputas internas que culminan con el arbitraje de su jefe, el presidente electo. La designación de su candidato a la presidencia del Senado, la designación de miembros de los equipos de empalme, la designación de miembros del gabinete, todo eso ha estado saturado de tensiones e inconformidades que ya no pueden ocultarse.

“Si nos aislamos, nos tumban”, advirtió rápidamente el propio presidente Petro. Y así puede ser; a la ultraderecha, al empresariado, a las cúpulas corruptas de la policía y del ejército no les gustó esta derrota. La alternativa que les ha quedado es sabotear al ganador, incomodarlo, fastidiarlo, hacerle sentir que no podrá hacer todo lo que desea hacer. Petro podrá hacer muy poco. Las fórmulas originales de cambio proclamadas en su campaña van a enredarse en el camino mientras intenta complacer a los partidos liberal y conservador, a los de Cambio Radical y del Partido de la U. De modo que lo que aprobará el Congreso será unas reformitas, cosas muy pequeñas. En fin, haber ganado unas elecciones para ser presidente no es la conquista del poder, porque el poder está distribuido en otras partes, lo tienen y lo seguirán teniendo otros. Constatar eso será una tragedia para unos y un alivio para otros. 

Nada de ilusiones. Tendremos que contentarnos con algunos alivios momentáneos, unos tibios cambios, unas gotitas de igualdad económica, unos pequeños y “patrióticos” sacrificios de los más ricos y poderosos. Tendremos que conformarnos con este pequeño triunfo electoral y nada de ilusiones con lo que pueda suceder durante el gobierno. Tendremos unos primeros días, quizás un año, muy coloridos. No podemos negar que ver a Francia Márquez como vicepresidenta es un gran paso en un país tan reaccionario. Luego tendremos que adaptarnos a la pequeñez del cambio y quizás sea necesario volver a las calles a recordar algunas cosas que habrán empezado a olvidarse.