Justicia epistémica

 

Pintado en la Pared No. 257

Claro que sí, entre tantas desigualdades en el mundo y en Colombia, hemos padecido una desigualdad epistémica. Es probable que estemos viviendo una interesante transición política que permita sacudir, así sea un poco, las inercias funcionales, administrativas y de pensamiento de nuestras universidades. Los y las oficiantes de las ciencias humanas y sociales en Colombia nos hemos acostumbrado –y nos acostumbraron- a ser colocados en una situación subsidiria en la estratificación de las ciencias, en la clasificación de las verdades y de los niveles de objetividad. Hay unas ciencias lucrativas y aparentemente muy útiles para la sociedad, porque producen confort, porque sus hallazgos son rentables para la industria y porque además sus oficiantes adquieren estatus, prestigio y, claro, muy buenos sueldos. Hay otras ciencias menesterosas, poco confiables por sus hallazgos, con resultados muy discutibles, casi deleznables, cuyos oficiantes apenas si arañan sueldos dignos. Los oficiantes de esas primeras ciencias suelen tener el botín de los pocos o muchos recursos de las universidades, suelen ser los vicerrectores y rectores; ellos han dirigido las eficientes o erráticas políticas de investigación y las eficientes o erráticas políticas de financiación de esa investigación. Dueños de la verdad, de la objetividad científica, se volvieron también dueños de las burocracias universitarias.

Quienes oficiamos en esas ciencias menesterosas hemos tenido que acostumbrarnos a los ritmos y criterios de los sabihondos de las ciencias puras o duras. Nos acostumbramos a trabajar con pocos recursos y a desbrozar el matorral de las mezquindades propias de una comunidad que busca reconocimiento a los empellones. Cuando una comunidad científica es pobre y poco reconocida cree que su principal enemigo es su colega más cercano y no alcanza a ver que el origen del problema está más allá de sus narices. Alguna vez alguien preguntaba por qué a los abogados, médicos o ingenieros les dicen fácilmente doctores mientras que a los sociólogos, filósofos o historiadores apenas nos dicen “profes”. Muy sencillo, es la forma de reconocimiento social reproducida en las universidades. Las escisiones de la sociedad también se palpan cotidianamente en las universidades.

Suponiendo que estamos viviendo en Colombia un interesante momento de inflexión, podemos creer que les ha llegado el momento de la justicia epistémica a las ciencias humanas y sociales. Y eso tendría que plasmarse en un rediseño del poder universitario, en otra forma de interlocución que no sea la de rendirles cuentas a los médicos y a los ingenieros. Tendría que plasmarse, por ejemplo, en una financiación que garantice un sistema gratuito de posgrados y un sistema de investigación en nuestras disciplinas autónomo en recursos y autónomo en criterios. Aún más, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tendría que abrirle sección aparte a la promoción y difusión de la investigación en nuestras ciencias menesterosas.

Una de las transformaciones más inmediatas debería producirse en las políticas de fomento de la investigación y de las publicaciones científicas. Un paso en la justicia epistémica es que les permitan a las ciencias humanas caminar solas, responsablemente, para que discutan y formulen sus propios criterios de definición de objetos de estudios, de métodos de investigación, de formación en posgrados, de publicación de resultados y de estímulo y premiación a trayectorias. Y esa transformación debería suceder tanto en el circuito institucional nacional como en las estructuras internas de nuestras universidades.  

Es muy ingenuo o muy cómodo pensar que la solución al funcionamiento de las universidades públicas y a sus prioridades en investigación provenga exclusivamente del cambio de perspectiva en el Ministerio de Educación o en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una modificación en la ley de financiación de las universidades públicas es un paso promisorio, pero no es suficiente. Por supuesto, ojalá que el nuevo gobierno garantice mejores condiciones de existencia; pero, al compás de esos cambios en las condiciones básicas de funcionamiento de nuestras universidades, debe haber unas mutaciones internas. Y una de esas mutaciones deseables tiene que ver con lo que ha venido siendo la comunidad de oficiantes de las ciencias humanas y sociales. Creo que hemos confundido la naturalización de nuestra postración con el empobrecimiento de nuestro espíritu crítico. Mucho de lo que ha sucedido o ha dejado de suceder en nuestras disciplinas proviene del régimen hostil de lo que fue Colciencias, de nuestras vicerrectorías académica y de investigaciones. Pero también nosotros, las y los “profes” de las Humanidades, hemos sido co-autores de nuestras desgracias.

Me permito referirme ahora, en exclusiva, a las ciencias humanas y sociales de la Universidad del Valle. Tal vez con la excepción que puedan ofrecer nuestros colegas de sociología y economía, quizás más atentos a los vericuetos de la institucionalidad universitaria y más emprendedores en proyectos de investigación, el retazo incoherente e inconsistente de la Facultad de Humanidades anda con el espíritu crítico embolatado desde hace algunos años. No veo otra razón que explique nuestro ostracismo, el deterioro de nuestros programas de maestría y doctorado. No veo otra razón que explique las múltiples reelecciones de nuestro decano, como si no tuviésemos otra perspectiva que la resignación. Parte de esa exaltada “justicia epistémica” pasa por la propia redefinición de nuestras expectativas y de nuestras perspectivas. El trato justo que reclamamos ahora para ciertos sujetos y objetos de estudio, para ciertos saberes, pasa por un auto-examen que nos lleve a compromisos de cambio y a ser agentes muy activos de la redefinición de las ciencias humanas en la nomenclatura universitaria. El ejercicio de justicia epistémica tiene que comenzar en la misma Facultad de Humanidades y no como un acto externo de conmiseración con nuestro destino.