martes, 9 de diciembre de 2014

Pintado en la pared No. 115



“México no nos pertenece”

“México no nos pertenece”, le dice a uno el taxista luego de su análisis adobado de anécdotas; pero esa percepción de la vida pública reciente de México no es solitaria; con diversas modulaciones, la gente mexicana llega a conclusiones semejantes: “Este México no es nuestro, se lo han robado”; “esto viene desde Miguel de la Madrid”; “a los muchachos los están matando por eso, el hecho de ser joven es un delito”. Leyendo los periódicos, escuchando la radio, viendo los debates televisivos, conversando en la calle con algunos mexicanos, puede uno llegar a algunas conclusiones acerca de este triste episodio de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Primero, el gobierno de Enrique Peña Nieto ya debe saber, desde mucho antes de estos días de diciembre, qué les sucedió a esos estudiantes, por qué y quiénes lo hicieron; pero no se atreve a decirlo porque, probablemente, hay implicaciones muy graves para autoridades de su propio gobierno o para instituciones del Estado.  

Segundo, la situación de derechos humanos en México es muy grave y se extiende más allá y más atrás del caso de Ayotzinapa. Hay más fosas comunes, hay más desapariciones forzadas y, sobre todo, hay más casos sin respuesta gubernamental y sin condenas. Según algunos expertos, la cifra de personas desaparecidas rebasa los 20 mil casos. En definitiva, la impunidad está escribiendo en México una historia ominosa desde hace varios lustros. Ante esto, el Estado se ve incapaz y, a la vez, cómplice.

Tercero, hay unos periodistas dedicados a torcer el rumbo del clamor colectivo. Se empeñan, noche tras noche, en demostrar que lo grave no es lo sucedido en Ayotzinapa ni los demás casos de masacres y desapariciones que se arruman sin respuesta vigorosa de las instituciones del Estado. Para ellos, lo realmente grave e indignante son las continuas marchas callejeras de las gentes que reclaman justicia y los casos, muy aislados, de vandalismo durante esas marchas (que suelen ser magnificados en los noticieros y los comentarios). Se han empecinado en cambiar la escala de valores. Lo cierto es que la gente no estaría marchando y protestando si el gobierno mexicano diera pruebas irrebatibles de impartir justicia contra los autores materiales e intelectuales de las masacres y desapariciones forzadas en todo el país.

Cuarto, hay una percepción colectiva de la pérdida del rumbo. “El país se nos está derrumbando”, decía un académico en un debate televisivo. El rumbo se ha perdido tanto a la izquierda como a la derecha. Los partidos políticos han perdido vínculo con la sociedad civil; su credibilidad es mínima y son señalados, en diversos grados y por diversas razones, de complicidad en los múltiples hechos violentos que acongojan a los mexicanos.

Para terminar (sin ser lo último): hay una terrible fractura social y étnica en México. En los andenes de México D.F. hay mendigos cuya lengua nativa es el náhuatl; los peores empleos son para los indígenas; sus territorios han estado en peligro por las reformas de los últimos gobiernos y Peña Nieto ha dado una estocada a favor de la inversión extranjera que puede apropiarse fácilmente de predios en el campo mexicano. Lorenzo Meyer escribía en el periódico Reforma que de nada sirve que 15 afortunadas familias mexicanas aparezcan entre las más ricas del mundo según la revista Forbes, mientras el 37.1% de los mexicanos vive en la pobreza y el 14.2% en la indigencia. A México le han estado haciendo una contrarrevolución. Y eso está doliendo profundamente, hay sangre por muchas partes.

jueves, 4 de diciembre de 2014

Pintado en la Pared No. 114



México en una encrucijada

Han pasado más de dos meses sin que la sociedad mexicana sepa qué les ha sucedido a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, estado de Guerrero. Hay unos cuantos detenidos sospechosos de haber participado, probablemente, en la masacre y desaparición de esos jóvenes. Todos los días los periódicos transmiten alguna novedad sobre el asunto, pero las autoridades judiciales y policiales no dicen nada certero al respecto. El Estado mexicano no ha podido o no ha querido decir qué les pasó a aquellos muchachos ni quiénes lo hicieron ni por qué. Y no se sabe qué es peor: que no quiera hacerlo porque fue, de algún modo, cómplice; o que no pueda hacerlo porque no tiene ningún control sobre las regiones. En todo caso, el gobierno de Enrique Peña Nieto camina en el filo de la navaja, se debate entre la complicidad, la ineficiencia y la impunidad. Complicidad, porque es ya bastante evidente que agentes del Estado tuvieron algún grado de participación en algún tipo de agresión contra los estudiantes; ineficiencia, porque la Procuraduría General de la República hasta hoy no reporta claramente ningún tipo de hallazgo ni averiguaciones que conduzcan a un rápido y certero desenlace del asunto. Impunidad, porque parece que hubiese una predisposición para encubrir autoridades de algún rango de importancia que intervinieron en un procedimiento violento contra los 43 muchachos.

La sociedad mexicana está indignada y no ha cesado de manifestarse. El tiempo parece que juega en su contra, mientras el gobierno de Peña Nieto cree que le favorece. Mientras más se tarda en alguna respuesta contundente del Estado, la sociedad podría tender a olvidar y desmovilizarse. Hasta ahora, eso no ha sucedido. Hay, quizás, una razón entre muchas que impide olvidar fácilmente: lo que ha sucedido con los normalistas de Ayotzinapa no es un hecho aislado ni excepcional; lamentablemente, hace parte de sucesivas masacres y desapariciones forzadas en varios estados de la república federal mexicana. La gente no habla solamente de lo que ha sucedido en el estado de Guerrero, sino de lo que ha venido sucediendo durante varios años y cómo se ha vuelto de sistemática la impunidad en todo el territorio mexicano.

Los jóvenes han sido los más activos en las protestas de los últimos meses y quienes, a la vez, mejor resumen el pesimismo colectivo que se escucha todos los días. Unos piensan que el modelo neoliberal que se entronizó en México terminó por criminalizar a la juventud y considerarla como un segmento social incómodo para los propósitos de la inversión extranjera; otros creen que las alianzas entre élites locales y grupos de narcotraficantes ven muy peligrosas las iniciativas organizativas de jóvenes que, como los de Ayotzinapa, tienen vínculos directos con grupos sociales y étnicos que han padecido los embates de la expropiación agrícola y la discriminación económica. 

El presidente Peña Nieto acaba de celebrar –si cabe el término en estas circunstancias- sus primeros dos años de posesión como jefe de Estado y de Gobierno. Las encuestas le recordaron que su popularidad es la peor en mucho tiempo para un presidente mexicano. Hasta quienes parecieran ser sus corifeos, critican el destemplado balance de su gobierno y la poca sintonía que tiene con los problemas que estremecen a la sociedad mexicana y que han provocado movilizaciones dentro y fuera del país. Hasta ahora él no es el único perdedor; el Partido de la Revolución Democrática también pasa por su peor momento. Una de sus figuras políticas fundadoras, Cuauhtémoc Cárdenas, ha renunciado en un intento de salvar, aunque tardíamente, su pellejo moral en la debacle de una organización política que olvidó sus orígenes y propósitos.

Nadie sabe decir en México cuál va a ser el resultado de lo que se ha venido acumulando en estos dos últimos meses; unos vaticinan desgaste, decepción y olvido; otros creen que habrá un movimiento persistente y ascendente que producirá sus propios líderes. En general, se cree que el país ya no será el mismo: será peor o será mejor.          

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