A las universidades públicas colombianas e incluso a las universidades privadas más consolidadas y antiguas en nuestro medio, les incumbe una manifestación unísona en defensa de un sistema universitario nacional horadado y maltrecho. Las universidades públicas han sido regularmente vapuleadas por un Estado mezquino que no ha podido ni querido poner la educación superior en el renglón de las prioridades. En los últimos cuarenta años, las universidades públicas han tenido que someterse a un doble trabajo de debilitamiento; desde afuera, por instituciones estatales e iniciativas particulares que fueron imponiendo una legislación que dio permiso para que negociantes de la educación convirtieran la formación universitaria en un asunto de crecimiento inmobiliario, en adecuación de lotes y casonas para improvisar aulas, cursos y carreras para estudiantes desahuciados por la estrechez del sistema universitario público y por las necesidades laborales. Con profesores mal remunerados y muchas veces sin cumplir los protocolos mínimos de reproducción del conocimiento (porque no les ha interesado producir: muchos de esos sitios han crecido sin bibliotecas, sin departamentos y proyectos de investigación). Desde adentro, por funcionarios, por miembros de comunidades científicas y por corrientes de la menuda politiquería que convirtieron a las universidades en sitio de ferias de contratos, de oportunidad de lucro y de obtención de prestigios que nada tienen que ver con la misión básica de cualquier universidad en el mundo; algunos parásitos y mercenarios de la cultura disfrazados de profesores universitarios o de estudiantes, simples vividores que encontraron en las universidades públicas colombianas su vividero en nombre de una autonomía universitaria que ellos mismos se han encargado de esquilmar.
La universidad pública colombiana ya ha sido reformada. El proyecto de reforma de la ley general de educación, en Colombia, que hoy, 7 de abril, nos ha obligado a marchar de manera multitudinaria, es un corolario de las intenciones y los logros de un grupo amplio y difuso de “instituciones de educación superior” que fueron ganando terreno en la dirección de las políticas educativas del país, que supieron colocarse en el control del Estado para beneficiar sus pequeños pero prósperos negocios. El proyecto de reforma condensa la emergencia y consolidación de los nuevos ricos de las microempresas de una dudosa formación universitaria. Pero, también, condensa el triunfo acumulado de aquellos que dentro de nuestras universidades públicas aplicaron o reprodujeron lemas mercantiles hasta lograr, por ejemplo, que la formacion en maestría y doctorado siga los criterios de las universidades privadas; uno de los resultados visibles de ese triunfo es la esquizofrenia del personal docente, escindido entre las convicciones de lo que debe ser una universidad abierta a los jóvenes de bajos recursos y la tarea de volver auto-financiable un programa de doctorado. Por supuesto, cada vez hay menos profesores universitarios que padezcan alguna ambivalencia al respecto, porque ya están plenamente convencidos de la sabiduría despiadada de las reglas de mercado.
La situación es oportuna para revisar varias cosas de tal modo que se conciba y se realice algo aproximado a la universidad democrática, plural y crítica que sólo existe en nuestros sueños. Hay que examinar y modificar, entre otras cosas: la relación de algunas formas de conocimiento y de algunas comunidades científicas con la universidad y con la sociedad. Los médicos, los ingenieros y los representantes de las ciencias llamadas “duras”, en el caso de la Universidad del Valle, han tenido hasta ahora suficiente capacidad de maniobra para disponer de recursos, para garantizarse prestigios y altos salarios; pero, sobre todo los médicos y los ingenieros, han conocido, en la sociedad colombiana, una relativizacion violenta del prestigio y reconocimiento que alguna vez tuvieron, son profesiones pauperizadas y en cierta medida fracasadas. Los médicos disfrutaron en un tiempo de la historia colombiana de suficiente capacidad de control sobre las vidas de los demás, pero en las dos últimas décadas terminaron siendo pobres técnicos en la reparación del cuerpo humano sometidos al control de empresas prestadoras del servicio de salud. Los miembros de las Facultades de Salud y Medicina en Colombia deberían ser ahora los más consecuentes voceros de las advertencias de lo que ha sido la aplicación, en sus menguadas profesiones, de los criterios mercantiles. Mientras tanto, los ingenieros dejaron de ser hace mucho tiempo los héroes del progreso material y, en Colombia, son otros responsables del inmenso atraso en obras elementales de nuestra infraestructura. La dirección de las universidades ha sido su premio de consolación y el lugar para disimular su erosión ante la sociedad.
Hay que examinar las reglas y las prácticas del poder en las universidades. En algunas universidades las oficinas de control interno son decoraciones de la nomenclatura; muchos cargos no son el resultado de algún procedimiento democrático o meritocrático. La amistad política o el parentesco o ambas cosas se han vuelto únicos criterios de designación de altas responsabilidades; las etapas pre-electorales suelen ser particularmente álgidas y tensas en el discurrir cotidiano. Los profesores se han dejado seducir de los cantos de sirena de bonificaciones y nominaciones que aderezan las hojas de vida, y han terminado por olvidar el vínculo original con la producción y difusión de conocimiento. Muchos reglamentos universitarios no señalan límites de periodos para ocupar cargos. En fin, el profesor universitario se ha diluido en la mezcla de politiquero y negociante.
Hay que examinar la relación de las comunidades universitarias con los espacios y bienes de sus universidades. La autonomía universitaria ha sido un concepto pervertido por la realidad de su uso. La pérdida de las residencias universitarias, en la Universidad Nacional de Colombia, en 1984, tuvo como uno de sus factores el desprecio de los bienes públicos, que le sirvió de buen pretexto al gobierno de la época para acelerar el cierre y deshacerse de un gasto. La autonomía universitaria debería ser autogobierno responsable, ejercicio de la mayoría de edad, la demostración de la capacidad para regir su propio destino; pero eso necesita una sociedad civil muy dispuesta a discutir y hallar soluciones, y un Estado muy dispuesto a definir un derrotero que garantice, a toda la sociedad colombiana, ventajas básicas para acceder al patrimonio cultural acumulado en tantos años de existencia de nuestras universidades públicas.
Las universidades públicas en Colombia y las más antiguas universidades privadas deberían ponerse de acuerdo, ahora, al menos en un punto históricamente incuestionable: han acumulado lo suficiente, han fijado una tradición; con todos sus defectos y carencias han acumulado un capital simbólico que no puede ser pulverizado por una reforma educativa que desprecia todo eso que han podido ser y hacer.
Me gusta una autonomía pudiese ser un autogobierno responsable que lleve a la universidad por la senda correcta. Pero el problema es que somos la réplica del estado, "micro estado" corrupto, burocratizado lleno de personajes disfrazados de profesores o de representantes estudiantiles, que lo único que hacen es desangrar la universidad y quieren es el bien individual y no colectivo, que bueno sería que universidad para todos donde mínimamente todos tuviésemos posibilidad.
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