jueves, 31 de marzo de 2011

Pintado en la Pared No. 50-Venezuela 2010-2012: entre el Conflicto y el Cambio


(Fragmentos de un documento)

Por: Roberto Briceño-León

(Director del Laboratorio de Ciencias Sociales, LACSO, y Profesor Titular de la Universidad Central de Venezuela).

Documentos LACSO, 2011

Las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre de 2010 marcaron un punto de inflexión para la Revolución Bolivariana y el desarrollo del conflicto político de Venezuela. El resultado electoral, que le dio un limitado triunfo a la oposición, cambiaba muy poco el poder real del gobierno sobre la Asamblea Nacional, pues, en razón de los artilugios de la ley electoral, aunque era minoría en la votación, continuaba teniendo la mayoría en el número de diputados. Sin embargo, el sufragio adverso mostraba un descalabro que podía anunciar posteriores derrotas y, como resaltaron muchos analistas cercanos al gobierno, por primera vez en años se ponía en peligro la permanencia de la Revolución.

Las modalidades de respuestas que los distintos actores están dando a esa nueva realidad política van a pautar la evolución del conflicto y el surgimiento de los distintos escenarios que determinarán la permanencia o los cambios que ocurrirán en la estructura de poder en la sociedad venezolana.

La nueva situación política

Los resultados electorales mostraron una nueva realidad política que venía perfilándose, desde meses atrás, por el deterioro en la popularidad del Presidente Chávez y una caída aún mayor en la aprobación de la gestión del gobierno. Este hecho no fue percibido hasta el último momento por el optimismo del Presidente y por la adulación ciega o temor de sus ayudantes y asesores, quienes no se permitían informar una mala noticia. A pesar del gigantesco esfuerzo que financiera y organizativamente desplegó el gobierno y su partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), al final lograron sumar 5.333.910 votos, lo cual representaba un 47% de los votos válidos. Una cifra nada despreciable en unas elecciones, pero que mostraba el peligroso rostro de la derrota, pues por un lado el gobierno ya no tendría la mayoría calificada en la Asamblea Nacional y, por el otro, como la campaña electoral se había convertido en un plebiscito donde quien parecía estar compitiendo era el Presidente Chávez y no los candidatos para diputados, los resultados expresaban una derrota del propio líder del proceso.

Quizá un elemento clave para entender la nueva situación es la pérdida de optimismo por parte de la población venezolana. Durante décadas una empresa encuestadora ha ido llevando un “índice” sobre el estado de ánimo y las expectativas de futuro que tienen las personas consultadas. Por muchos años, los resultados fueron de frustración y desencanto; el pesimismo superaba al optimismo, y es comprensible que así fuese en un país donde cada día se empobrecía más la población, pues el “salario real” se había mermado de manera sostenida cada año, desde 1980. A partir de la llegada del Presidente Chávez al gobierno, en 1999, una parte importante de la población empezó a ver con optimismo el futuro y pensaba que el mañana iba a ser mejor que el pasado.

De alguna manera, con su mensaje, real o fantasioso, el Presidente había logrado comunicar esperanza a un gran sector de la población. Y así se mantuvo apoyado por las promesas, el incremento de los ingresos petroleros durante los años 2004 al 2008 y una distribución abundante de los beneficios de la renta petrolera, similar a la que había ocurrido en los años setenta. De alguna manera, Chávez encarnó el regreso a la abundancia petrolera que la población había esperado ver en la candidatura de Carlos Andrés Pérez, en el año 1992. Sin embargo, esa situación de optimismo en relación al futuro del país que se vivió durante varios años ha cambiado y el porcentaje de venezolanos que veía positivamente el futuro pasó de representar poco más de un 60% en el año 2008, a un 40% en el año 2010 […]

La persistencia de la polarización

Los resultados del 26 de septiembre confirmaron la existencia de un país dividido y polarizado, donde las posiciones ideológicas y políticas están por encima de la misma división social.

El proceso que se encuentra en los últimos años es de una caída de la simpatía al gobierno que no se refleja en un incremento de la simpatía por la oposición, sino en el aumento de un grupo que manifiesta no identificarse ni con el gobierno ni con la oposición (Gil, 2009). Cuando uno indaga más desde el punto de vista de las opiniones políticas, uno encuentra que estas personas no son afines a las ideas ni propuestas del gobierno, y se manifiestan críticos de la gestión del Presidente, pero tampoco se sienten atraídos por el mensaje de la oposición, por eso preferimos llamarlos como “no alineados”, en lugar de “ni-ni”, pues son una mezcla de distancia prudente e indiferencia ante la política nacional. En la encuesta nacional (n=1200) que nosotros hicimos a mitad del año 2010 (LACSO, 2010) se mostraban claramente tres grupos: los “chavistas”, conformado por un 30,6% de la población; los “no-chavistas”, que representaban el 31,1%; y los de “ninguno de los dos”, que eran el 38,3%. Estas proporciones son similares a las encontradas por otros estudios, por ejemplo, la relación para Keller (2010) en una encuesta de agosto del 2010 era de 30% para los chavistas, 33% para la oposición y 37% para lo que llama “neutrales”.

Es decir, desde esta perspectiva, pareciera que no existe la polarización en el país, sino tres grupos de magnitudes muy similares. Esta percepción llevó al grupo disidente del gobierno, conformado por el partido PPT y el gobernador del estado Lara, Henry Falcón (quien fue electo con el mayor porcentaje de votos en las elecciones de 2008), a delinear una estrategia electoral dirigida a captar el voto de ese apetecible tercio de los votantes que se declaran como “neutrales”, “ni-ni” o “no-alineados”. Aunque la apuesta era tentadora y sus posibles resultados muy interesante si se lograba redefinir el panorama político con tres actores en lugar de dos, los resultados fueron catastróficos para el PPT y sus candidatos. Al final, el país se dividió en dos grandes bloques y el PPT no logró alcanzar sino dos diputados; ni siquiera en el estado Lara, donde tenían el gobierno regional, pudieron obtener un curul. La política polarizadora y plebiscitaria del Presidente y la campaña inclemente que emprendió contra sus antiguos aliados, además de los cambios hechos a la ley, dieron sus resultados y la polarización se impuso. El PPT perdió el apoyo del chavismo, sólo leal a las órdenes del Presidente, y no logró convencer a la oposición de ser un sincero adversario de los planes del gobierno.

La radicalización como respuesta a la pérdida de apoyo

Un mes después de los resultados electorales del 26 de septiembre, un analista inglés asesor del gobierno y del partido de gobierno resumía con claridad la nueva situación: Los resultados de las elecciones recientes revelaron tanto los puntos fuertes como los débiles de la Revolución Bolivariana. Pusieron de manifiesto la lealtad y determinación de los trabajadores y campesinos para defender la Revolución y derrotar a la contrarrevolución. Esta determinación de las masas ha sido la fuerza motriz de la Revolución desde el principio. Ha salvado la Revolución en cada coyuntura crítica. La salvó de nuevo en las elecciones del 26 de septiembre. Pero, ¿cuánto tiempo puede mantenerse esta lealtad, a menos que la Revolución se lleve a cabo de una forma decidida?

La propuesta era contundente, se debía radicalizar la Revolución para poder garantizar la permanencia en el poder y recomendaba incrementar las expropiaciones, nacionalizar la banca, los medios de comunicación y los grupos Cisneros y Polar. Se proponía no atacar a la mediana o pequeña empresa y procurar no enemistarse con la clase media. El propósito político era desmoralizar a la “contrarrevolución envalentonada” y hacerse de mayores mecanismos de control de la sociedad.

La estrategia que se asumió fue acelerar las expropiaciones y las amenazas al sector privado y crear una base jurídica que le permitiera ejercer ese control mayor de la sociedad con el mínimo de formalidad legal y que anulara el efecto psicológico de una Asamblea Nacional plural, donde el partido de gobierno ya no tendría una mayoría absoluta.

[...]

La necesidad de sostenerse en el poder

La explicación para estas acciones del gobierno se encuentra en una estrategia que en nuestra opinión está formada por tres orientaciones:

En primer lugar, se trataría de monopolizar en manos del Presidente todos los mecanismos de poder posible y garantizar la capacidad de hacer leyes que le permitan

resolver situaciones inesperadas de conflicto y con lo cual se puede sacar del juego político a cualquier adversario de una manera “legal”. Por eso con las leyes que limitan y vacían de contenido a las alcaldías y gobernaciones, substituyéndolas por un “poder

comunal”, se vacía de contenido a la Asamblea Nacional y se crea el mecanismo para cubrir cualquier falencia y reemplazar la legalidad por medio de la Ley Habilitante.

En segundo lugar, se trata de silenciar cualquier voz de disidencia u opinión autónoma e independiente: por eso se busca controlar los medios de comunicación, las universidades, internet, las organizaciones no-gubernamentales. Por eso mismo, la Ley de Poder Popular sólo reconoce la participación ciudadana de las asociaciones que tengan fines “socialistas”; las universidades deben, en esta condición, adecuarse a los objetivos del Estado y ponerse “al servicio del logro de la suprema felicidad social del pueblo”, y la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos prohíbe la difusión de mensajes que estimulen el odio, fomenten zozobra en la ciudadanía, alteren el orden público, “desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas” o “inciten o promuevan el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente”.

Y, en tercer lugar, se trata de encerrar económicamente a la disidencia y la oposición política, y para ello se procura, expresado en términos militares, cortarle la “línea de suministros” al enemigo. De allí el conjunto de expropiaciones hechas o las continuas amenazas a las empresas que pueden financiar las campañas políticas de la oposición, pero también de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la Autodeterminación Política, que prohíbe recibir financiamiento externo no sólo a los partidos y candidatos, sino a las organizaciones que defienden los derechos políticos.

Toda esta nueva situación ha llevado el país a un nivel de tensión similar al que se vivió durante los años 2002-2003. Los niveles de irritabilidad y de protesta continua de la población, inclusive y de manera importante de la que ha sido y una parte todavía es simpatizante del Presidente; la creciente sensación de que una salida electoral no es fácil y la necesidad de un cambio en el rumbo del país –cualquiera que sea la significación que a esta idea se le dé- colocan a la sociedad en un nivel de conflictividad importante.

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