El momento de la educación pública

2018 ha culminado con dos acuerdos históricos entre el gobierno del presidente Duque y los representantes de la educación universitaria pública de Colombia; primero fue el acuerdo del 26 de octubre con los rectores y luego fue el acuerdo del 14 de diciembre con los representantes de las organizaciones estudiantiles y profesorales. La magnitud de lo acordado supera muchas expectativas y hace pensar que pueda dar origen a una etapa reconstructiva de lo que han sido, en los últimos veinticinco años. Sin embargo, esa expectativa de cambio hay que fortalecerla de diversos modos.

Primero, es muy importante vigilar el cumplimiento de esos acuerdos, sobre todo cuando mucho de lo acordado es de índole financiera. Los recursos comprometidos son importantes y están sujetos a un cronograma que necesitará seguimiento. Por ejemplo, la modificación del sistema general de regalías en beneficio de la educación superior pública es apenas una buena intención consignada en el acuerdo del 14 de diciembre que deberá volverse un proyecto de ley; las mesas técnicas especializadas pueden ser la solución a la necesidad de garantizar el cumplimiento de lo acordado.

Segundo, y quizás más importante, es necesario dirigir los esfuerzos a que los acuerdos queden plasmados en una política estatal; es decir, hay que superar la buena o mala voluntad de cada gobierno para lograr que haya una legislación que garantice unos compromisos permanentes del Estado con la educación superior pública de Colombia. En ese aspecto es un gran avance el anuncio de la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.

Tercero, la financiación es una dimensión importante pero no exclusiva de la calidad de la educación universitaria pública en Colombia. También hay ocuparse de la discusión de una reorganización del sistema universitario nacional que incluya, por ejemplo: los procesos de transición entre la educación media y la educación superior; la separación y complementariedad entre la educación superior técnica y la educación universitaria; el fomento de la investigación en todos los niveles de formación universitaria y en todas las áreas de conocimiento; la redefinición de las prioridades y funciones de entidades como Colciencias; la redefinición de la divulgación del conocimiento científico.

Por último, la educación superior pública no puede tratarse como un sistema separado de lo que ha venido sucediendo con la educación inicial y la educación media. Todo el sistema de educación pública necesita una reorientación que implica, primordialmente, una nueva relación entre el Estado y la sociedad y, más exactamente, la relación del Estado con la infancia, con la juventud, con la formación de ciudadanos.

Un gran logro, no escrito, de estos acuerdos es la aparición de nuevos liderazgos, de una generación consciente de las transiciones políticas y sociales que emergen en Colombia y que ha sido capaz de imponer formas creativas y pacíficas de protesta.

Pintado en la Pared No. 186.