miércoles, 7 de agosto de 2013

Pintado en la Pared No. 89





Por las víctimas del conflicto armado en Colombia

¿En qué se parecen, y mucho, los principales agentes históricos del conflicto armado colombiano? En el desprecio a las víctimas. El Estado, las organizaciones paramilitares y las organizaciones guerrilleras han matado a civiles inermes; han provocado graves daños ecológicos; han cometido masacres, provocado desplazamientos forzosos. Algunos agentes del Estado han dirigido sistemáticas violaciones de los derechos humanos, han perseguido y asesinado a dirigentes sindicales y políticos de grupos de izquierda. Han sido ejecutores de desapariciones forzadas, de torturas. Los paramilitares han ejecutado masacres, han aplicado métodos de intimidación a poblaciones, han asesinado con sevicia. Las organizaciones guerrilleras han asesinado a campesinos indefensos, han desplazado poblaciones de sus territorios originales. Todos estos agentes históricos del conflicto armado colombiano han saqueado, han masacrado, han impuesto episódicamente sus reglas de coerción sobre la población civil. Todos han sido depredadores. Esos tres agentes históricos con sus propias mutaciones en el largo conflicto armado colombiano son tres fuerzas poderosas y su poder ha derivado del uso de la fuerza en gran medida.
La discusión pública cotidiana entre esas tres fuerzas de la política colombiana está llena de señalamientos. Unos quieren pasar por víctimas de los otros y a cada uno de ellos le es muy difícil aceptar su responsabilidad directa en hechos cruentos; en eso también se parecen. Unos reclaman contra los otros una legitimidad sea histórica, política o moral de sus actos. Todos ellos creen y hacen creer que han actuado en representación de fragmentos muy importantes de la sociedad colombiana. Los sucesivos gobiernos han hecho creer que las fuerzas armadas estatales han hecho lo que les corresponde en nombre del Estado y que los actos en que han violado los derechos humanos han sido cometidos por elementos aislados y sin nexo con un método sistemático o con una doctrina de eliminación de la población civil o de su rival político; los grupos paramilitares han hecho creer que representan a aquellos sectores de la sociedad que no encontraron suficiente protección en las instituciones oficiales y que se vieron obligados a armarse para defenderse de la guerrilla. Y el movimiento guerrillero, por su parte, se ha presentado como representante genuino de los sectores populares y en su nombre han reivindicado una revolución basada en el recurso de las armas. 
Ante esto es muy difícil que reconozcan que se convirtieron en tres grandes fuerzas políticas cuyo poder ha ido teniendo fundamento en su capacidad armada, más difícil aún que reconozcan que su poder es el resultado de matar sistemáticamente. Pero ha sido el reciente informe del grupo Memoria Histórica, bajo la dirección del historiador Gonzalo Sánchez, el que demuestra que buena parte del transcurrir político de la segunda mitad del siglo XX, y lo que va del siglo XXI, ha estado signado por el recurso armado en que mucha gente inerme y vulnerable ha quedado sometida a las exacciones de alguno o todos los agentes armados. En fin, estamos ante un hallazgo del cual se desprende consecuencias que deberíamos examinar; se trata de la constatación, muy aterradora, de que el poder político en Colombia se halla sustentado en grupos organizados de asesinos, en gente que de un modo u otro, directa o indirectamente, es responsable de miles de asesinatos y, más exactamente, de por lo menos 220.000 muertos en los 54 años. Este es el grandioso capital político que les ha permitido sentarse a negociar en el último decenio para insertarse en la vida pública como organizaciones políticas legales, reconocidas y aceptadas en el sistema de democracia representativa en Colombia.
Esos agentes contemporáneos del poder en Colombia tienen sus abogados, sus filósofos, sus historiadores, sus intermediarios y asesores políticos que les ayudan a fortalecer su situación en la discusión pública cotidiana. Hace falta, en consecuencia, quienes difundan o representen las voces de aquellos que han sido humillados u ofendidos por el cruento y largo conflicto armado colombiano; aquellos que no eran miembros regulares ni voluntarios de esas tres grandes fuerzas de poder armado; aquellos que han tenido que resistir, adaptarse, sobrevivir, sufrir y morir en medio del conflicto. Aquellos que han perdido familiares y amigos, que han perdido sus bienes, que han tenido que buscar refugio, que han sido obligados a pagar rescates; aquellos que han sido perseguidos por ser homosexuales o negros o indígenas o mujeres o simples campesinos pobres en los que cayó la sospecha de ser auxiliadores o simpatizantes de la guerrilla o del ejército oficial colombiano o de algún grupo paramilitar. En fin, toda esa gente cuyo único poder ahora es simbólico, basado en la dignidad de sus reclamos. Junto a esa gente el oficio de historiador adquiere un inmenso relieve, porque le corresponde insistir en la necesidad del recuerdo, en el acopio de datos que fabriquen las “memorias de guerra y dignidad”, como subtitula el mencionado informe.
Alguien decía que los mejores libros de historia salen de entre aquellos que pertenecen al universo de los perdedores, de los que han sido aplastados por la máquina despiadada del poder. Las víctimas han sido, en nuestra circunstancia, la gente sin poder.

Gilberto Loaiza Cano, agosto de 2013.

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