martes, 31 de diciembre de 2013

Pintado en la Pared No. 98




Colombia, país con futuro condicionado

Muchos colombianos estamos a la expectativa del desenlace de las negociaciones que han transcurrido en La Habana entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc. Muy poco sabemos acerca de qué y cómo han llegado a acuerdos parciales. Mientras tanto, se ha ido imponiendo, en el lenguaje público de todos los días, hablar del país del “post-conflicto”. Por ahora, hablar de un eventual y próximo momento del post-conflicto se parece a “ensillar sin tener la bestia”; es decir, se trata de pensar más con el deseo que con el dato concreto que brinde la realidad.  

Si aceptáramos, de muy buena gana, que el mejor resultado de las negociaciones de La Habana sea el fin del enfrentamiento armado entre el Estado colombiano y uno de los más viejos movimientos guerrilleros del mundo, tendríamos que admitir que un prolongado, cruento y descompuesto conflicto armado ha cesado de provocar muertes violentas y pérdidas cuantiosas en la infraestructura. Implicaría la superación de una larga y terrible etapa en la historia contemporánea de Colombia signada por difusas expresiones de violencia en la vida pública: masacres de población civil, desapariciones y desplazamientos forzados, secuestros, magnicidios, creación de para-ejércitos. Supondría, además, el abandono de una forma de lucha y, por tanto, una disposición para enfrentar los conflictos que el país ha venido acumulando y que aún no ha resuelto. Dicho de otro modo, el abandono, por parte del Estado y del movimiento guerrillero, de la lucha armada, nos obligaría a mirar de otra manera y en otro orden de prioridades lo que ha venido siendo Colombia, tanto la anterior al conflicto como la que hemos ido conociendo durante más de medio siglo de enfrentamientos armados.

Colombia es y seguirá siendo un país de muchos conflictos no resueltos y que no han dependido de modo directo de la existencia de una cruenta lucha del Estado contra movimientos guerrilleros, contra grupos paramilitares y contra organizaciones delincuenciales asociadas con el narcotráfico. Y, entonces, de ser posible, la tarea científica colectiva más responsable sea discernir cuáles son aquellos conflictos inherentes a la construcción del Estado-nación en Colombia y cuáles son aquellos de inmediata relación con las secuelas que fue dejando en nuestra sociedad la lucha armada.

Lo mejor que le puede suceder a la sociedad colombiana, si los negociantes reunidos en La Habana llegan a un acuerdo de paz, es que obtengamos una nueva perspectiva de evaluación de lo que ha sido la historia de la formación del Estado-nación. Es decir, poder entender que hay conflictos cuya fuerza de inercia histórica han sido tan determinantes y de tanto peso en la construcción de una personalidad colectiva que es indispensable, ahora sí, abordarlos; algo así como si, por fin, nos hubiésemos decidido a tomar el toro por los cuernos y abandonásemos comportamientos evasivos con su correspondiente lenguaje de eufemismos.

¿Por qué, en la formación del Estado-nación en Colombia, se impuso el individualismo extremo en vez de algún tipo de cohesión colectiva? ¿Por qué se impuso, de adehala, el peso arbitrario de micro-poderes locales que no dejaron asentar proyectos unificadores promovidos episódicamente por el Estado? ¿Por qué ha sido tan débil e incompleta la conformación de una ciudadanía con un amplio espectro de derechos, de obligaciones, de deberes y responsabilidades; de una ciudadanía capaz de distinguir entre lo privado y lo público? ¿Por qué instituciones básicas de cualquier Estado moderno no han logrado, en Colombia, cubrirse de la dignidad o la majestad suficientes como para ejercer de modo persuasivo su autoridad ante la sociedad?

Los colombianos, en pleno siglo XXI, no sabemos aún qué hacer con las basuras; no conocemos el disfrute de elementales formas de transporte colectivo; no poseemos un sistema nacional de vías que nos permita transitar segura y cómodamente por nuestro territorio; Bogotá, la capital, es el mejor retrato colectivo de un inmenso fracaso en la administración pública, en el ejercicio de la política,  en la definición de prioridades del bienestar común y en la educación de ciudadanos (habitantes de ciudad, en sentido estricto). Nuestro sistema de justicia es mezcla de corrupción e incompetencia; el sistema educativo es un fraude en muchos sentidos. Y todo eso que puedo mencionar -apenas algunos ejemplos- no es adjudicable de modo directo al cruento y prolongado conflicto armado, y hace parte de nuestra corriente confusión (muy interesada) entre las causas y las consecuencias. Esos son, en todo caso, conflictos cuya procedencia es distinta. Algo ha venido fallando estructural e históricamente arriba, entre los agentes usufructuarios de los aparatos del poder político, y algo ha venido sucediendo abajo, en la vida local, en la sociedad civil, en la población. Somos una sociedad que no ha aprendido a gozar de derechos básicos y que, comparativamente, está atrasada en formas modernas de la vida material. Ignoramos, genéricamente hablando, el buen gobierno y el buen vivir.

Si los señores de arriba lo permiten, si quienes negocian en La Habana lo propician, si las familias y demás grupos de poder que han detentado el control de instituciones estatales, de partidos políticos, de organizaciones sociales y económicas lo admiten, comenzaríamos una conversación muy plural, muy variada y muy colectiva con la pretensión de discutir y solucionar problemas mucho más sustanciales que tienen que ver con un país que se fue constituyendo en medio de inequidades e iniquidades, de exclusiones de diversa índole. Ese es el país que vislumbro, el de conflictos y soluciones que necesitamos afrontar. Pero eso es un futuro condicional, un futuro condicionado por la buena o mala voluntad de otros; por los que negocian secretamente en La Habana y por los que se oponen a esas negociaciones. Si los señores de la izquierda, del centro y de la derecha lo permiten, Colombia podría ser un mejor país, digno de ser vivido.

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